De diciembre de 2018 a la fecha han sido asesinados en México 43 periodistas y 68 defensores de derechos humanos, de los cuales siete reporteros y dos activistas eran beneficiarios del mecanismo de protección, informó la Secretaría de Gobernación (Segob).
La dependencia reconoció su obligación como operador del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas frente a las garantías que tienen para ejercer de forma libre y segura su labor. Sin embargo, advirtió que esta responsabilidad requiere de una respuesta de Estado “en la que entidades federativas y otros poderes públicos se involucren de forma más activa en esta materia”.
Destacó que ese mecanismo “asume su obligación de proteger a todas aquellas personas que se encuentran en riesgo por el ejercicio de su labor y llama a las demás autoridades involucradas a hacer lo propio”.
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La Segob precisó que desde su creación, esta estrategia ha presentado una serie de retos que tienen que ver con la idea de que la única forma de intervención efectiva como Estado es a través del mecanismo, olvidando así, la coparticipación que debe de existir de los tres órdenes de gobierno en la protección a quienes ejercen la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos.
En este sentido, detalló que el mecanismo cuenta con mil 478 beneficiarios de la mayoría de las entidades federativas, mientras que sólo seis estados del país cuentan con organismos locales de protección en esta materia: la Ciudad de México, Veracruz, Colima, Guanajuato, Guerrero y Puebla.
Pese a los resultados obtenidos hasta la fecha, Gobernación aseguró que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas es una garantía de tutela a esos postulados erigida dentro del Estado mexicano para salvaguardar la vida, la integridad, libertad y seguridad de quienes ejercen el periodismo, la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión.
Argumentó que desde el inicio de esta administración se ha fortalecido el mecanismo a fin de generar más cobertura y atención a esta problemática, lo que ha permitido que hasta ahora se haya incrementado el número de personas beneficiarias en más de 80%, aunque reconoció una disminución inicial en el presupuesto de este año.
La dependencia explicó que en 2019 y 2020 se destinaron 783 millones de pesos, mientras que en este año se aprobó un presupuesto de 227.6 millones de pesos, pero se solicitó una ampliación de 189 millones de pesos, “lo cual daría un presupuesto total para 2021, de 416.6 millones de pesos”.
Delineó la existencia de “una ruta muy clara para realizar acciones de fortalecimiento para el mecanismo”, que se centra en el cumplimiento de la totalidad de las recomendaciones emitidas por parte de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en México dentro del Diagnóstico para el Fortalecimiento del Mecanismo; la revisión del marco normativo sobre la protección a periodistas, así como el establecimiento de sistemas de coordinación entre la federación y los estados para la efectiva protección a reporteros y la promoción de diagnósticos estatales de prevención para identificar las agresiones por municipios y anticipar los fenómenos que las detonen.
La Secretaría de Gobernación subrayó que “como institución operadora del mecanismo reconoce que un elemento que visibiliza la crisis de derechos humanos es el nivel de riesgo que sufren periodistas y personas defensoras de las garantías al realizar su labor a lo largo y ancho del país”.
Por ello, se comprometió a seguir fortaleciendo la política pública y la estrategia dirigida a la protección, tanto de los periodistas y comunicadores, como de los defensores de las garantías en sus actividades diarias, como una de las prioridades del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Con información de El Universal.
