El presidente interino o encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró hoy que del diálogo entre oficialistas y opositores de su país que empezó el 13 de este mes en México podría surgir la solución “a lo que la catástrofe venezolana representa para América” y una vía para enfrentar las amenazas continentales por la falta de democracia en Cuba y Nicaragua.
En una entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL, Guaidó aseguró que el proceso de negociaciones en México tendrá un impacto vital sobre “el futuro” de las “dictaduras” de Venezuela, Cuba y Nicaragua y la interdependencia política y de inteligencia y contrainteligencia que existe entre los tres regímenes.
La entrevista completa será publicada mañana en la edición impresa de EL UNIVERSAL.
Tras explicar que la primera ronda de trabajo en la capital mexicana, del 13 al 15 de agosto, permitió definir las reglas o las normas de las conversaciones, aseguró que la próxima, prevista para efectuarse del 3 al 6 de septiembre, permitirá demostrar la voluntad política de las dos partes en la lucha por resolver los acuciantes problemas socioeconómicos e institucionales de Venezuela.
Al referirse a los ataques públicos que recibió esta semana del gobierno del cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, Guaidó los minimizó y recordó que las pláticas en México tampoco estarán condicionadas o regidas por una “negociación de micrófonos” o a los discursos que puedan lanzar los contendientes de ambos bandos.
Sin ignorar que persisten problemas de desconfianza, Guaidó afirmó que uno de los factores relevantes del escenario abierto en México es la posibilidad de que Estados Unidos, Europa y otros elementos de la comunidad internacional intensifiquen “la presión” sobre Maduro para que acepte avanzar a acuerdos y, finalmente, cumpla los compromisos que asuma.
Una pieza esencial en México será que, a cambio de que Maduro admita introducir profundas reformas electorales para que los venezolanos acudan a comicios libres, justos y verificables, Washington aprobaría flexibilizar las sanciones económicas que impuso contra Caracas en especial a partir de 2017 y que golpearon el corazón financiero del oficialismo.
Impuesto en 2017 y con el alegato de que Maduro violó los derechos humanos y la libertad, reprimió a sus adversarios y rompió el orden constitucional, el castigo de EU dañó las finanzas estatales de Venezuela.
Maduro rechazó los cargos y replicó que esa “guerra económica” atizó la escasez generalizada o el encarecimiento de bienes en su país, por lo que la exigencia de que EU levante esas medidas está entre sus prioridades en México.
El conflicto provocó un éxodo incesante al exterior que creció en la década de 2010 y llegó a unos seis millones de venezolanos que huyeron de la represión y del caos por la aguda escasez o encarecimiento de medicinas, alimentos y artículos esenciales y un desplome salarial por hiperinflación y megadevaluación.
Con el oficialismo en defensa del sistema socialista y la oposición a favor del capitalista, dos sectores de la dividida clase política oficialista y opositora se reunieron en un primer capítulo en México que estuvo precedido por los fracasos de las negociaciones en República Dominicana en 2016, 2107 y 2018 y en Noruega y Barbados en 2019.
Los diálogos previos nunca llegaron a ningún arreglo porque siempre predominó la demanda de la salida de Maduro.
En respuesta, el oficialismo se levantó de las mesas precedentes al aducir que, en esas circunstancias, tampoco tendría nada para negociar con sus interlocutores.
Bajo mediación de Noruega, la comitiva de Maduro se sentó en México frente a la de Guaidó como proclamado presidente interino y cada una estuvo—y lo estará en septiembre—con la compañía de un país amigo: la oficialista con Rusia y la opositora con Países Bajos.
Con otros actores en ambos bandos, Maduro y Guaidó son los protagonistas principales de la agudizada crisis venezolana.
Maduro se reeligió en 2018 para el sexenio 2019—2025, pero en enero de 2019 fue desconocido por más de 50 países que calificaron su reelección como ilegítima y ese mes reconocieron a Guaidó como interino, tras ser elegido ese mismo mes como presidente de la Asamblea Nacional (Congreso unicameral).
La oposición ganó en 2015 los comicios parlamentarios y asumió en enero de 2016 el control de la Asamblea, pero el oficialismo bloqueó y entrabó las tareas legislativas.
Al proclamarse en 2019 con el argumento de que lo hizo en apego a la Constitución de Venezuela, Guaidó prometió terminar con lo que calificó como usurpación presidencial, dirigir un gobierno transitorio, llamar a comicios libres, justos y verificables y retornar a la democracia.
Como espectador vital, Washington destrabaría el conflicto si flexibiliza, suspende o suprime sus sanciones económicas contra Caracas. En un canje, Maduro debería reestructurar la arquitectura electoral, liberar a presos políticos, cesar el asedio policial y militar a sus rivales y desmontar su aparato de control acusado por sus adversarios como dictatorial.
Bruselas, sede de la Unión Europea (UE) y responsable de otras maniobras contra Maduro, también entraría a un juego que, de romperse, agravaría las tensiones políticas, humanitarias, migratorias, militares, fronterizas y criminales en el sensible entorno de Venezuela. Con información de El Universal.
