Organizaciones estadounidenses no gubernamentales de protección de los derechos humanos exigieron este viernes a los gobiernos de Estados Unidos y México que detengan la política que intensificaron en 2021 de ejecutar expulsiones aéreas y terrestres de migrantes irregulares a Guatemala desde territorio mexicano.

“Dichas expulsiones, coordinadas entre autoridades estadounidenses y mexicanas violan el derecho internacional, carecen de sustento jurídico y administrativo, y tienen impactos graves en las personas que las padecen”, aseguraron.

“Nos preocupa que las administraciones de EU y México generen un proceso escalonado de expulsión inmediata, negando u omitiendo los derechos de las personas a acceder a mecanismos de regularización, o bien, violando las garantías de las personas que ya han iniciado procesos de protección internacional”, acusaron.

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Suscrito por más de 85 organizaciones y colectivos no gubernamentales, el pronunciamiento fue emitido en Costa Rica por el (no estatal) Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organización hemisférica de derechos humanos y firmante.

El gobierno del presidente de EU, Joe Biden, debe “cesar acciones de presión hacia los gobiernos de la región para hacerlos partícipes de la detención migratoria, a través de la militarización y externalización de sus fronteras”, destacaron.

México se involucró con Estados Unidos en un vasto operativo aéreo de Texas a Tabasco que comenzó a mediados de este año para deportar masivamente a migrantes irregulares de Centroamérica, Cuba, Haití y Venezuela y se intensificó en la primera quincena de agosto con la expulsión por tierra hacia Guatemala, sin notificar ni explicar al gobierno guatemalteco, de unas 500 personas al día.

Informes en poder de EL UNIVERSAL mostraron que, con engaños y sin saberlo, los migrantes son retenidos en albergues en Texas supuestamente para efectuar sus trámites, pero son trasladados al aeropuerto internacional de Houston, en ese estado.

Luego son introducidos a aeronaves que los transportan a Villahermosa, Tabasco, y después a autobuses que los llevan a El Ceibo, puesto de la región central de la frontera entre México y Guatemala.

En el documento, del que este periódico tiene copia, las agrupaciones aseguraron que la práctica también se expandió al estado de Chiapas, limítrofe con Guatemala, con expulsiones por el puesto guatemalteco de El Carmen desde la estación mexicana de Talismán.

El conflicto fue planteado el pasado miércoles en la capital mexicana por el canciller de Guatemala, Pedro Brolo, al de México, Marcelo Ebrard. México y EU defendieron su política migratoria como respetuosa de los derechos humanos.

La cancillería guatemalteca informó ese día que Brolo “manifestó (a Ebrard) su profunda preocupación ante la problemática que representa el retorno de personas migrantes hacia el sur de México por los puertos fronterizos El Carmen y El Ceibo”.

Brolo “solicitó que los retornos de personas migrantes sean a través de los centros de recepción” establecidos en puntos terrestres en Tecún Umán, en el suroccidental departamento (estado) guatemalteco de San Marcos y por vía aérea en hangares de la Fuerza Aérea Guatemalteca en la Ciudad de Guatemala, agregó.

Brolo argumentó a Ebrard que esos dos sitios “poseen las condiciones necesarias para recibir de manera segura y digna a estas poblaciones con los protocolos migratorios y sanitarios correspondientes, con lo cual se evita que las personas sean expuestas a situaciones de vulnerabilidad en esta fase del ciclo migratorio”, puntualizó.

Las deportaciones comenzaron a ser ejecutadas al amparo de una regulación migratoria de EU—Título 42—establecida en 2020 en respuesta al coronavirus y que permite expulsar de suelo estadounidense a los migrantes que ingresen a ese país sin visa y por vías irregulares.

Desprotegidos. Las organizaciones denunciaron las “expulsiones vía aérea y terrestre de personas migrantes hacia Guatemala, por parte de los gobiernos de EU y México, incluyendo solicitantes de protección internacional”.

El proceso fue documentado el 18 de agosto anterior por dos grupos no estatales—el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano (COMDHSEM) y redes de la Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género (MTMG)—en un trabajo con la participación de la (estatal) Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, precisaron.

Según la denuncia, “en cumplimiento de su mandato de supervisión a la administración pública”, ese día “documentaron” la llegada a Tapachula, Chiapas, de cuatro vuelos provenientes de EU y de la frontera norte de México.

“Transportaban a personas guatemaltecas, hondureñas y salvadoreñas expulsadas bajo el Título 42 desde EU, así como personas haitianas trasladadas y expulsadas desde la frontera sur de México hacia Guatemala, sin respetar los procedimientos administrativos en ambos países”, aseguraron.

“Las personas expulsadas—familias, mujeres con niñas y niños y hombres y mujeres adultas—, fueron transportadas en su mayoría desde el aeropuerto de Tapachula en 11 autobuses del Instituto Nacional de Migración (INM) hacia Talismán, frontera con Guatemala, en donde fueron forzadas a salir de México y abandonadas en el puente fronterizo”, relataron.

De acuerdo con el recuento de hechos, “estos vuelos forman parte de las medidas de la administración de (presidente de EU) Joseph Biden para acelerar las expulsiones de personas migrantes bajo el Título 42, y se suman a acciones del Estado mexicano para contener y devolver a personas solicitantes de refugio y refugiadas”.

Recorridos en rutas de expulsión de migrantes

Las organizaciones revelaron que una de las rutas identificadas en estas expulsiones se realiza vía terrestre desde EU a la ciudad de Nogales, el estado de Sonora, México, “donde les esperan agentes del INM” para detenerlos.

“Desde ahí se realizan traslados terrestres hasta Hermosillo, Sonora, para después transportarlos vía aérea hacia Tapachula, Chiapas, y nuevamente vía terrestre, desde el aeropuerto de Tapachula hacia la frontera con Guatemala. Además de los vuelos, se documentaron expulsiones terrestres de personas detenidas en el interior de México, principalmente de nacionalidad haitiana”, describieron.

“Se observó que algunas de esas personas contaban con documentos que respaldan su estancia regular en México, como las solicitudes de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), e incluso el reconocimiento de la condición de refugiado”, por lo que “su expulsión es totalmente ilegal y arbitraria”, señalaron.

Aseveraron que el ingreso a Guatemala “es igualmente irregular, sin elementos mínimos como registro, orientación o información clara sobre el proceso administrativo y/o jurídico que deben seguir para regresar a sus lugares de origen o bien, retomar su ruta migratoria”.

Los grupos exigieron a México y Guatemala “cumplir” con el Derecho Internacional de Asilo y el Derechos Internacional Humanitario y respetar “el principio de no devolución, el interés superior de la niñez, el derecho a la escucha, acceso a información y comunicación” en sus idiomas para “el acceso al debido proceso”.

También pidieron “aclarar públicamente el desarrollo de estas expulsiones y explicitar bajo qué acuerdos y fundamentación jurídica se ha determinado realizarlas” y garantizar que las víctimas de estas prácticas “accedan a información clara y pertinente sobre sus derechos”.

A EU solicitaron retirar el Título 42 y “todas las versiones de su implementación, incluyendo los vuelos laterales a lo largo de la frontera y hacia el sur de México”. Con información de El Universal.