La pandemia de Covid-19 que se instaló en territorio oaxaqueño desde hace año y medio y ha cobrado más de 5 mil 100 víctimas mortales, según datos oficiales de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), también ha dejado como consecuencia la acumulación de cuerpos de personas sin identificar, los cuales, en su mayoría, continúan en resguardo en San Bartolo Coyotepec, en las instalaciones del Instituto de Servicios Periciales.

De acuerdo con Jorge Gómez Guerrero, director de este instituto que forma parte de  la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), hasta el 20 de septiembre  en la entidad existían 106 cadáveres de personas que continúan en calidad de desconocidas,  la mayoría provenientes de la ciudad capital. De ese total, sólo seis corresponden a mujeres y un centenar a hombres.

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En entrevista con EL UNIVERSAL, el funcionario explica que la acumulación de estos cuerpos sin identificar está relacionada de forma directa con el avance de la pandemia.

Primero, señala Gómez Guerrero, dado que desde diciembre de 2019, cuando se sepultaron restos en municipios del Istmo de Tehuantepec como Juchitán y Salina Cruz, no se han podido realizar inhumaciones,  los cuerpos se han acumulado durante todo el año 2020 y lo que va del 2021.

Hasta antes del inicio de la emergencia sanitaria, por ejemplo, el Instituto de Servicios Periciales desfogaba la acumulación de cuerpos sin identificar gestionando espacios en panteones regionales, donde se les permitía enterrar de forma individualizada, y bajo los criterios que exige la Ley General de Víctimas, a los cadáveres que seguían en proceso de identificación; sin embargo, esto cambió con la llegada del virus.

“A partir de 2020 muchos municipios cerraron sus panteones y  no se pudo inhumar por la pandemia,  por la situación de salud, cuando el instituto hacía uso de estos espacios para desfogar la acumulación”, explica el funcionario, quien agrega que en lo que va de 2021 tampoco se han podido hacer nuevas inhumaciones.

Lo anterior, detalla, porque al tratarse de cuerpos que están sujetos a una carpeta de investigación y a  un proceso de búsqueda por sus familias, deben permanecer en  resguardo de la fiscalía hasta que puedan enterrarse en condiciones específicas; por ejemplo, de forma individual y tras realizarse un paquete de pruebas de disciplinas como medicina, odontología, fotografía, lofoscopía, genética, planimetría y química.

Además, todos los sitios donde sean depositados los cuerpos deben ser geolocalizados, información que en conjunto forma parte del expediente de identificación forense que debe crearse de todos los cuerpos que se van acumulando. 

“La búsqueda de personas es un proceso que no preescribe, por lo que no hay un tiempo determinado en el que se tengan que sepultar. Se trata de cuerpos sujetos a acciones de búsqueda de las familias, por lo que deben de permanecer en resguardo de la fiscalía”, explica.

La otra razón por la que la pandemia es responsable de la acumulación de cuerpos sin identificar se debe a que se incrementó en gran medida el número de personas en situación de calle quienes fallecieron en la vía pública y cuyos restos no fueron reclamados por nadie. Jorge Gómez incluso agrega que actualmente entre los 106 cuerpos que se tienen en resguardo no hay víctimas de crímenes violentos, sino que son resultados de atropellamientos, pero principalmente de muertes patológicas que se pueden atribuir oficialmente al virus.

“La mayoría son personas en situación de calle, son muertes patológicas, como neumonías atípicas, que incluso se puede establecer que hayan muerto por COVID-19, este tipo de cuerpos se incrementaron mucho”.

El primer panteón forense

Como una forma de atender la acumulación de cuerpos y garantizar que las inhumaciones se realicen de forma digna, actualmente el Instituto de Estudios Periciales impulsa la construcción del primer panteón forense en el estado, que se proyecta en la Mixteca de Oaxaca.

Dicho espacio tendrá capacidad para 266 cadáveres y se localizará dentro del cementerio municipal de San Juan Bautista Coixtlahuaca, gracias a la gestión de más de un año que permitió que la comunidad donara el predio a la fiscalía, que ahora tiene como tarea conseguir los recursos para su construcción.

“No hay una crisis forense como en otros estados, pero es una cuestión humana y de salud darles sepultura digna. Si ya pasaron toda la vida en abandono, que no se sigan maltratando los cuerpos en refrigeración o preservación química”. Con información de El Universal.