Aborto y armas, los desafíos del gobierno norteamericano

El Tribunal Supremo de Estados Unidos inició hace una semana un nuevo periodo judicial ante la atenta mirada de todo un país. El Alto tribunal encara un momento crucial para los derechos civiles, en el que la mayoría aplastante de jueces conservadores (6-3), gracias a las tres nominaciones del expresidente Donald Trump, augura una mala temporada para los defensores de derechos civiles, y en el que los magistrados tendrán que decidir y sentar precedente en casos fundamentales que pueden deshacer o revertir avances en temas de aborto o armas.

Será este periodo en el que realmente se note el poder del legado judicial de Trump. Al frente de la Casa Blanca consiguió colocar tres jueces en el Alto Tribunal, el presidente con más confirmaciones desde Ronald Reagan, y nunca ocultó el criterio de selección que siguió: que fueran antiaborto y defensores de la “Segunda Enmienda”, del derecho a portar armas. El Supremo quedó así con seis jueces conservadores tres progresistas.

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El caso de aborto es un éxito de los antiabortistas, que durante años han tratado de encontrar un proceso judicial con la suficiente fuerza y posibilidad de éxito. Ahora, con la mayoría conservadora en la corte, están ante la mejor posibilidad de revertir la jurisprudencia que lo legaliza en todo el país, y que data de 1973 (tras el caso Roe contra Wade).

La que estará en disputa en el Supremo es una iniciativa que aprobó el Congreso estatal de Mississippi en 2018 para prohibir el aborto a partir de las 15 semanas, cuando la jurisprudencia de 1973 reconoce que una mujer puede acabar con su embarazo en los primeros seis meses de gestación. El 1 de diciembre está prevista una vista del Supremo sobre el caso.

Los augurios sobre qué decisión tomarán los jueces en este tema son nefastos para los defensores de la legalidad del aborto. El Supremo, gracias a su mayoría conservadora, decidió no actuar para frenar una ley en Texas todavía más restrictiva que la de Mississippi, que prohíbe el aborto con la detección de un latido, que se calcula que se da a las seis semanas de embarazo.

El otro gran caso que tendrán que dirimir se refiere a la legalidad de portar armas ocultas si existe una “causa apropiada”. De ser aprobada por el Supremo, que tiene previsto escuchar argumentos el 3 de noviembre, expandiría de manera casi automática la posibilidad de llevar armas ocultas encima en todos aquellos estados que sea legal, en función de lo que cada estado dictamine como “causa apropiada” para ello. Nadie duda que empezaría un frenesí de leyes, especialmente en territorios controlados por gobiernos republicanos, para que las “causas apropiadas” sean laxas y fáciles de cumplir.

Ya agendados también hay asuntos como la potestad del gobierno de ocultar información sobre torturas, debates que pueden erosionar la separación entre Iglesia y Estado, la sentencia de pena de muerte al autor de los atentados de la maratón de Boston de 2013 o casos sobre financiación política y electoral.

Y todavía hay tiempo para que el Alto Tribunal acepte nuevos casos y, por tanto, otros temas cruciales puedan dirimirse en este periodo. Como muy tarde, deberán cerrar todas las carpetas abiertas antes del 27 de junio de 2022.

El Supremo tiene otra tarea más difícil por delante: recuperar la confianza de la opinión pública. La politización del Alto Tribunal, que se ha convertido en un proxy de la incapacidad manifiesta del Congreso de hacer política y promulgar leyes, convierte en los jueces en políticos “de facto”, algo que Trump entendió con sus nombramientos y que se ha magnificado por el contexto social actual que vive el país, en una polarización divisiva fratricida.

Según la última encuesta de Gallup de septiembre, sólo 40% de los estadounidenses aprueba la tarea del Supremo, el registro más bajo desde que se estudia este factor, hace más de dos décadas. No es buen augurio que en las últimas semanas, muchos de los jueces hayan hablado públicamente del compromiso de que la justicia no es partidista, obligados a reafirmar algo que se da por hecho.

“Es un secreto a voces que los jueces son políticos, como el resto de nosotros, y que toman decisiones politizadas”, opina Samuel Moyn, profesor de leyes de Yale. Para Irv Gornstein, quien preside el instituto sobre la Corte Suprema en la universidad de Georgetown, se ha llegado a un punto crítico en el que la opinión pública ya no cree las palabras asépticas de los jueces, cuando sus decisiones e ideas encajan perfectamente con políticas partidistas.

A la espera de las primeras decisiones, la gran novedad es la emisión en directo, aunque sólo de manera auditiva, de las sesiones de presentación de argumentos. La pandemia de coronavirus y la obligación de cerrar espacios públicos para evitar transmisiones obligó a implementar medidas de urgencia para que el poder judicial no frenara su actividad: una de ellas, la de las audiencias por teléfono, ya se quitó con el regreso de los jueces al edificio del Supremo. La otra, la posibilidad de seguir el procedimiento a través de retransmisiones auditivas, parece que es una medida que llegó para quedarse, paso que se espera que pueda ser solo intermedio hasta la tan demandada emisión en vivo y con imágenes de las audiencias judiciales del Alto Tribunal. Con información de El Universal.