La niña boliviana de 11 años que quedó embarazada producto de la violación por parte de su abuelastro, no abortará y ya se encuentra acogida en un centro de la Iglesia católica.
La niña, originaria del municipio de Yapacaní y cuyo caso ha causado impacto no sólo en Bolivia, sino a nivel internacional, estaba internada en el área de Maternidad del Hospital Percy Boland, en Santa Cruz. En un principio, manifestó su deseo de interrumpir el embarazo.
“No quiero ser madre”, decía. En Bolivia se permite el aborto cuando el embarazo es fruto de violación, producto de una relación incesto o cuando la vida de la madre está en peligro.
Sin embargo, luego de que religiosos hablaran con la madre de la niña, la convencieron de desistir de su idea. La menor salió ya del hospital y fue llevada al Centro de Madres Adolescentes Madre María. En un comunicado, la Iglesia católica dijo que “la única solución es salvar, cuidar y apoyar con amor las dos vidas” y que en el centro donde se encuentra la niña se le asegurará “el apoyo material, médico, sicológico y espiritual para la maternidad y el tiempo de posmaternidad”.
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Medios bolivianos, citando como fuente e uno de los policías que estaba a cargo del caso, la Iglesia habría ofrecido pagar una cantidad mensual a la familia -no revelada- para evitar que interrumpiera el embarazo.
La menor fue violada por su abuelastro, de 61 años y quien se encuentra detenido. El agresor aprovechó que tenía a su cargo tanto a la niña como a su hermana de 15, pues la madre de ambas trabajaba como cocinera en La Paz.
Medios locales reportaron que la hermana mayor también fue víctima de abuso sexual, pero por parte de su padre, quien se encuentra también detenido.
El caso ha generado conmoción e incluso la ONU se posicionó este miércoles. En un comunicado, el Sistema de Naciones Unidas en Bolivia subrayó que “someter a una niña a un embarazo forzado está calificado como tortura”.
El embarazo de una niña, indicó, “no sólo pone en riesgo su vida, su salud y su proyecto de vida, sino que también atenta contra su salud mental y emocional, su autonomía corporal, alentando y reforzando las desigualdades, el ciclo de pobreza y la discriminación”.
También llamó al Estado a “activar los mecanismos de protección integral de manera oportuna, incluidos los servicios de salud, para garantizar el cumplimiento de las normas internacionales y nacionales vigentes para el ejercicio de los derechos de las niñas”.
El ministro boliviano de Gobierno, Eduardo del Castillo, consideró el martes que “no se puede, desde ningún punto de vista, obligar a dar a luz a la niña que fue abusada sexualmente”. Advirtió que ello constituye una flagrante violación a los derechos de la menor.
Con información de El Universal
