Corrupción desata crisis migratoria en frontera sur de México

Por las “torpezas” y “corrupción” del Instituto Nacional de Migración (INM) se están exacerbando los problemas derivados del fenómeno migratorio en la frontera sur del país, y sobre todo en Tapachula, Chiapas, señala el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, para quien esta ciudad se ha convertido en una enorme olla de presión a punto de explotar, por la presencia de más de 80 mil migrantes haitianos y de Centroamérica.

Para el fundador del albergue Hermanos en el Camino, en Ciudad Ixtepec, gracias a las “torpezas y mal manejo” de las autoridades del INM “se han agudizado” los problemas migratorios en Tapachula, problemas que buscan capitalizar quienes desde los países centroamericanos alientan la organización de las caravanas masivas a México.

“Ya lo he dicho muchas veces, el comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, es una persona de buena voluntad, pero por su formación debe estar en el ámbito de la seguridad nacional. Su lugar no está en Migración y por esa razón, él y algunos directores del INM que son insensibles ante el fenómeno migratorio, deben dejar sus cargos”, insiste el sacerdote y activista.

De acuerdo con cifras de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) es tan creciente el flujo migratorio desde Haití y los países de Centroamérica, que el número de solicitantes de refugio en México, hasta el cierre del mes de septiembre de este año, es de 90 mil 374 personas, es decir 49 mil 315 más que todo el año pasado.

Entre los solicitantes del estatuto de refugiados de este 2021, se encuentran 31 mil 894 hondureños, 26 mil 7 haitianos, y que juntos hacen más de la mitad de los solicitantes de protección. En menor número están unos 7 mil 683 cubanos, 5 mil 170 salvadoreños, 4 mil 670 venezolanos y 3 mil 564 guatemaltecos, entre otros.

Mientras tanto, y según las estimaciones de las autoridades, en la fronteriza ciudad de Tapachula permanecen algunos desde hace un año y otros desde hace seis meses, unos 80 mil migrantes, entre haitianos y centroamericanos, que no pueden abandonar el territorio chiapaneco con el riesgo de que sean detenidos y deportados por agentes del INM.

Para el activista defensor de los derechos humanos de los migrantes y coordinador de la asociación Pueblos sin Frontera, Irineo Mujica, “la corrupción” que impera en el INM está causando el agravamiento de los problemas que surgen del fenómeno migratorio. “Los agentes del INM te detienen, si traes una visa, te la rompen y te venden otra”, acusa.

En las últimas semanas, dice, los migrantes “le quitaron los dientes” al personal migratorio porque cerca de 18 mil centroamericanos obtuvieron un amparo para que no sean deportados a sus países por el INM.

Algunos de esos migrantes formaron parte de la caravana que salió el jueves pasado de Tapachula con destino a la Ciudad de México.

“Con los amparos en la mano, los integrantes de la caravana solicitarán en todos los puestos de control migratorio que encuentren en su trayecto a la capital que les den facilidades de tránsito, porque la gente está desesperada y quiere salir de Tapachula. Hay migrantes que llevan un año en espera de una visa humanitaria y nomás no se la dan”, explica el activista.

Con respecto a la caravana que salió ayer de Tapachula, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) “solicitó a las autoridades federales y de los estados de Chiapas, Tabasco y Oaxaca implementar medidas para salvaguardar su integridad y derechos fundamentales, sobre todo, ante la posibilidad de que se recurra al uso de la fuerza pública para contenerlo”.

En su comunicado, la CNDH informó que  pidió a las secretarías generales de Gobierno de las mencionadas entidades federativas que garanticen la atención humanitaria de urgencia, proporcionando agua, suero hidratante, alimentos, personal médico especializado y de primeros auxilios, medicamentos y  ambulancias para conducciones a hospital.

“Asimismo, demandó privilegiar el cuidado de las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad como niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas y en lactancia, personas mayores y con discapacidad; además de la conformación de un grupo multidisciplinario de médicos, sicólogos, trabajadores sociales y abogados para otorgarles protección integral”.

Entre las acusaciones al INM, las limitaciones económicas y de personal de la Comar y la salida de la caravana, apareció el misterioso traslado de unos 15 mil migrantes haitianos que salieron de Tapachula, y para sorpresa de muchos,  aparecieron a principios de septiembre en Ciudad Acuña, Coahuila, en la frontera con Estados Unidos.

“¿Quién o quiénes ordenaron el traslado?, ¿de dónde vino la orden para que los autobuses en que viajaban no fueran detenidos en ningún puesto de control?, ¿por qué solamente trasladaron a los haitianos y dejaron a los centroamericanos?, pregunta Irineo Mujica, de Pueblos sin Frontera. Aquí, recalca, nadie pasa si no es una orden del gobierno.

A mediados de septiembre pasado, las autoridades migratorias informaron que el campamento de haitianos se disolvió.  Algunos ingresaron a EU, unos fueron detenidos y deportados, y otros se dispersaron hacia otras entidades del norte del país. La mayoría de los haitianos que en agosto llegaron a Tapachula hicieron un viaje misterioso que nadie vio.

En lo personal, dice por su parte el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, “insistí en que se les diera un trato no privilegiado, pero sí diferenciado, a los hermanos de Haití, porque ellos son los más pobres entre los pobres y son los más vulnerables entre la comunidad migrante. Por esa razón, estamos en pláticas con los pueblos originarios, para ver si autorizan que hagan su vida ahí”, dijo. Con información de El Universal.