Venezuela rechazó el pronunciamiento de la Corte Suprema británica, que el lunes remitió nuevamente el caso del oro venezolano retenido en el Banco de Inglaterra al Tribunal de Comercio, donde se espera que se determine quién tendrá acceso a las 31 toneladas pertenecientes al estado venezolano.
La disputa se inició porque el Gobierno de Nicolás Maduro reclama la titularidad de esos recursos del Estado, mientras que el Reino Unido se niega a entregarlos porque Londres solo reconoce al exdiputado opositor Juan Guaidó como “presidente interino” de la nación.
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En un comunicado, la Cancillería afirmó que el fallo del máximo tribunal británico, “denegando justicia y no ejerciendo el control judicial de los actos del poder público por más irracionales que sean”, impide el derecho del Estado venezolano a disponer, a través del Banco Central de Venezuela (BCV), de parte de sus reservas internacionales depositadas en el Banco de Inglaterra.
Según el texto, es una decisión que “violenta las normas del Derecho Internacional Público, del orden constitucional venezolano y de la legislación británica”. Del mismo modo, “representa graves riesgos” para los inversionistas internacionales en el sistema financiero del Reino Unido porque este “recurre a fraudes para apoderarse ilícitamente de los recursos”.