El 17 de febrero de 2007, la vida de Melissa Elizabeth Lucio, estadounidense de origen mexicano, cambió para siempre. Su hija de dos años, Mariah Álvarez, tomó una siesta y ya no despertó.

Las autoridades la acusaron de haberla golpeado hasta la muerte y fue sentenciada a muerte. Pero activistas y abogados afirman que la muerte de Mariah fue accidental y solicitan el perdón para Melissa, quien de otra forma será ejecutada en Texas el próximo 27 de abril.

Tras detectar que la niña no respondía y no respiraba, la familia de Melissa llamó a emergencias. De acuerdo con la oficina del fiscal de distrito de la ciudad de Cameron, los paramédicos encontraron a la niña acostada boca arriba y con señales de abuso.

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Le encontraron moretones dispersos, marcas de mordeduras y un brazo roto. Se le declaró muerta en el hospital y el médico que atendió el caso dijo, de acuerdo con la fiscalía, que en 30 años de práctica profesional no había visto un caso de abuso infantil peor que el de Mariah.

Las autoridades arrestaron a Melissa, y tras un interrogatorio de horas, ella confesó. “Supongo que lo hice. Soy responsable, dijo”. En ese momento estaba embarazada de gemelos. Se le declaró culpable de asesinato capital y fue condenada a muerte el 12 de agosto de 2008.

En 2011, su apelación fue rechazada. En 2019, la Corte Federal de Apelaciones anuló la sentencia y acusó al tribunal de primera instancia de haber interferido en el derecho de la detenida a presentar una defensa. Sin embargo, la decisión fue anulada.

En enero de este año se firmó la orden de ejecución para Melissa y se programó para el 27 de abril. Sin embargo, familiares y activistas solicitan la libertad de la mujer y han hecho llegar la solicitud a la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas, así como al gobernador, Gregg Abbott, para que reconsidere e indulte a la mujer, insistiendo en su inocencia.

La versión de su defensa es muy distinta a la oficial.

En una entrevista con el diario Texas Observer, Tivon Schardl, abogado de Melissa, dijo que su clienta “enfrenta una ejecución inminente por un asesinato capital que nunca ocurrió. Melissa, una mujer inocente, enfrenta una ejecución porque un fiscal corrupto se basó en una declaración obtenida por coerción por un Ranger de Texas que acosó a una mujer traumatizada para que hiciera una confesión falsa”.

Los abogados de la detenida impugnaron en su momento la causa de muerte, y presentaron el testimonio de un experto neurocirujano según el cual Mariah podría haber muerto por un traumatismo craneoencefálico causado por una caída por las escaleras. Mariah tenía una discapacidad física que la hacía caminar con dificultad, y dos días antes de su muerte se había caído por unas escaleras empinadas. Eso explicaría también los golpes que tenía la pequeña.

Alegaron, también, que se le negó el derecho a una defensa justa cuando, tras haber sido obligada a confesar que había matado a su hija, el juez se negó a permitirle presentar el testimonio de un experto con el que querían explicar cómo la historia de abusos sexuales y violencia doméstica de que había sido víctima Melissa influyó en su confesión ante un interrogatorio policial agresivo.

De hecho, Armando Villalobos, fiscal de distrito que llevó el caso de Melissa, está preso, cumpliendo una sentencia de 13 años, por sobornos y extorsión.

En 2019, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Quinto Circuito concedió a Melissa un nuevo juicio, considerando el alegado de la defensa de que se le había negado a la acusada el derecho a una defensa justa. Pero un tribunal revocó el fallo.

Con información de El Universal