El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó una ley que endurece todavía más las políticas migratorias del estado al prohibir los contratos públicos con empresas que brinden ayuda y transporte a inmigrantes, incluidos los menores no acompañados.
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Además amplía la definición de “política de santuario” para evitar que ciudades o condados de Florida limiten o prohíban que las policías locales proporcionen información migratoria a las autoridades federales, que tienen la competencia exclusiva en esta materia.