Con el crecimiento y el desarrollo de la población alcanzando una cantidad sin precedentes en los últimos años, la ciudad de New Braunfels y New Braunfels Utilities han buscado formas de mantenerse al día con los proyectos de mejora de capital necesarios por el mayor uso de las carreteras y los servicios públicos locales.
En 2020, se había construido el 66,8% del suelo urbanizable en los límites de la ciudad de New Braunfels; para 2025, se prevé que el número alcance el 73,5%, según la ciudad. El mayor desarrollo de la región de Hill Country se puede atribuir al aumento de la población, ya que New Braunfels experimentó un aumento del 56,8 % en la población entre 2010 y 2020, según la Oficina del Censo de EE. UU.
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Después de un extenso proceso de estudio y revisión, el 14 de noviembre, el Concejo Municipal de New Braunfels aprobó cobrar a los desarrolladores la cantidad máxima permitida para los CIP, lo que se hizo necesario por el nuevo desarrollo al establecer tarifas más altas por el impacto de las carreteras, el agua y las aguas residuales. “La tarifa de impacto es en realidad una evaluación del nuevo desarrollo para generar fondos para las mejoras que requieren los nuevos desarrollos”, dijo Garry Ford, director de mejoras de capital y transporte de la ciudad de New Braunfels. “En otras palabras, es un nuevo desarrollo que paga por un nuevo desarrollo”.
Las tarifas de impacto son una evaluación del nuevo desarrollo para generar ingresos para financiar mejoras en el nuevo desarrollo. Los proyectos que pueden ser financiados a través de desarrolladores que pagan tarifas de impacto vial incluyen la ampliación de carreteras, la instalación de semáforos y la instalación de carriles de giro. Al pagar tarifas de impacto de agua y aguas residuales, los desarrolladores ayudan a financiar el costo de proyectos tales como nuevas torres de agua, drenaje e infraestructura de aguas residuales.
El aumento de la tarifa de impacto máximo ayudará a recuperar el costo de aproximadamente $314,25 millones en proyectos de infraestructura de agua y aguas residuales y $90,6 millones en proyectos de infraestructura vial necesarios para atender nuevos desarrollos en los próximos 10 años.