Cantú-Treviño orquestó un plan utilizando un centro de vida asistida ficticio como fachada y ambulancias Skyline EMS para transportar ilegalmente a personas más allá de los puntos de control fronterizos de Estados Unidos. El caso fue investigado por el sargento Stephen Dishong, la auditora investigadora Audra Ruble y la capitana Stacey Overbay de la Unidad de Control de Fraudes contra Medicaid de Paxton, en cooperación con el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Salud y Servicios Humanos. La acusación está a cargo de la fiscal federal adjunta Liesel Roscher.
“Utilizar nuestro sistema de atención médica financiado por los contribuyentes como cobertura para ayudar a la inmigración ilegal es completamente vergonzoso”, dijo el Fiscal General Paxton. “Como se muestra en este caso, la explotación de programas públicos para el tráfico ilegal de extranjeros se enfrentará con todo el peso de la ley”.
Desde 2021, la MFCU ha recuperado más de $612 millones en acuerdos, sentencias y restituciones para los contribuyentes de Texas. La MFCU recibe el 75 por ciento de su financiamiento del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. en virtud de una subvención por un total de $20,944,200 para el año fiscal 2023. El 25 por ciento restante, por un total de $6,981,395, está financiado por el Estado de Texas. Por cada dólar de financiación estatal, la MFCU de la OAG ha recuperado más de 49 dólares para los contribuyentes en los últimos 3 años.
