María García empezó la semana llena de esperanza. Visitó la oficina de su abogado en Los Ángeles, dejó los documentos necesarios para poder presentar su solicitud al nuevo programa de inmigración del gobierno del presidente Joe Biden que podría dar finalmente a su marido, Roberto, la residencia legal como cónyuge de un ciudadano estadounidense.

Pero horas más tarde el lunes, ese sueño se vio interrumpido cuando un juez federal de Texas suspendió temporalmente el programa que podría beneficiar a aproximadamente 500,000 migrantes en Estados Unidos, congelando una de las acciones presidenciales más grandes hasta la fecha para facilitar la vía a la naturalización.

“Están dañando a las familias americanas, estamos en el limbo”, dijo María García, estadounidense de 44 años de edad que contrajo matrimonio con Roberto en 2017. “Siento mucho coraje, impotencia. ¿Por qué bloquear a familias que tienen toda una vida acá?”.

La suspensión emitida por el juez federal de distrito J. Campbell Barker se produjo en respuesta a una demanda interpuesta por 16 estados, encabezada por fiscales generales republicanos, que presentaron una demanda días después de que el programa empezó a aceptar solicitudes la semana pasada.

La orden, conocida como una suspensión administrativa, estará en vigor por 14 días, pero podría prorrogarse.

Los estados afirman que el programa podría causar un daño irreparable y acusan al gobierno de eludir al Congreso con “descarados fines políticos”.

El martes, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) declaró que el gobierno seguirá aceptando solicitudes y defendiendo el programa ante los tribunales. Los solicitantes que hayan recibido permiso temporal antes de la orden no se verán afectados, según el departamento.

El DHS no respondió a preguntas sobre cuántas solicitudes se recibieron o aprobaron o cuánto tiempo se tarda en determinar el resultado de un caso en el marco del programa, que el gobierno denominó “Manteniendo a las familias juntas”.

Con información de EFE.