San Antonio
Dos hombres condenados por la muerte de 53 migrantes en EU
El jurado sólo tardó tres horas en emitir un veredicto de culpabilidad
Dos sospechosos fueron declarados culpables de todos los cargos en relación con la mayor operación de tráfico de personas fatal en la historia de Estados Unidos.
Felipe Torres y Armando Ortega fueron acusados cada uno de conspiración para transportar extranjeros con resultado de muerte, causar lesiones corporales graves y poner vidas en peligro; transporte de extranjeros ilegales con resultado de muerte; y transporte de extranjeros ilegales con resultado de lesiones corporales graves y poner vidas en peligro.
El jurado sólo tardó tres horas en emitir un veredicto de culpabilidad.
Esta condena se deriva del trágico descubrimiento realizado por las autoridades el 27 de junio de 2022, cuando agentes de Seguridad Nacional en San Antonio abrieron un contenedor y encontraron los cadáveres de 48 migrantes, 16 de ellos aferrándose a la vida. Cinco de ellos serían declarados muertos al llegar al hospital.
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Esos migrantes, todos ciudadanos de México, Honduras y Guatemala, quedaron atrapados dentro de un camión con remolque sofocante con una unidad de aire acondicionado rota, que finalmente fue abandonado en Quintana Road, en el lado sur de San Antonio, que habría sido su destino final.
“En junio de 2022, 64 inmigrantes de Guatemala, Honduras y México fueron subidos a un camión con aire acondicionado sin funcionar por miembros de una organización de tráfico de inmigrantes para un viaje de tres horas desde Laredo hasta San Antonio, lo que finalmente provocó la muerte de 53 personas, o como dijo el juez, 54 porque una de estas mujeres estaba embarazada”, explicó Matthew Gagliotti, jefe interino de la División Penal del Departamento de Justicia.
“Estos acusados sabían que el aire acondicionado no funcionaba y, sin embargo, ignoraron el peligro que representaba para su carga humana, esta carga humana que había confiado en ellos al subirse a ese remolque de camión para el último tramo de su viaje”, explicó la fiscal federal Margaret Leachman.
A las víctimas (o a sus familiares y amigos) se les cobró entre 12.000 y 15.000 dólares por el viaje, según Gagliotti.
