El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) anunció esta semana el arresto de más de 1.000 trabajadores indocumentados desde el 20 de enero, como parte de un amplio operativo nacional. La medida forma parte de un esfuerzo intensificado por parte del gobierno federal para hacer cumplir las leyes migratorias en los lugares de trabajo y disuadir a las empresas de emplear personas sin autorización legal para trabajar en Estados Unidos.
Según declaraciones del director interino de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), Robert Hammer, estas acciones representan la tasa de arrestos más alta en la historia reciente de la agencia. “Hemos solicitado los registros comerciales de aproximadamente 1.200 empresas en todo el país y, como resultado, se han propuesto multas que suman casi un millón de dólares”, explicó.
Las operaciones recientes incluyen arrestos en diversos estados. En Luisiana, una redada dejó once personas detenidas; en Pensilvania, se reportaron cuatro arrestos, y en Nueva Jersey, otros dieciséis. Estas cifras son solo una parte de un esfuerzo coordinado para reforzar el cumplimiento migratorio a nivel nacional.
Hammer señaló que el objetivo no es solo identificar a los trabajadores indocumentados, sino también responsabilizar a los empleadores que, a sabiendas, los contratan. “Las empresas que explotan y contratan a trabajadores indocumentados perjudican al público estadounidense. Es nuestra responsabilidad proteger al país y hacer cumplir más de 400 leyes migratorias”, afirmó.
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Como parte de este enfoque, ICE está alentando a las compañías a implementar el programa IMAGE (Mutua Asociación para el Cumplimiento de la Ley Migratoria), el cual les permite verificar la elegibilidad de empleo de sus trabajadores y asegurar que sus procesos de contratación cumplan con la ley. Las autoridades subrayan que la falta de cumplimiento podría derivar en cargos penales, multas significativas y sanciones administrativas para las empresas involucradas.
El director de la Oficina de Campo de Washington para las Operaciones de Detención y Deportación (ERO), enfatizó la importancia de la colaboración entre agencias federales, estatales y locales para mejorar la seguridad en las comunidades. “La cooperación interinstitucional es esencial para combatir la explotación laboral y reducir el riesgo de actividades ilegales vinculadas con el empleo no autorizado”, expresó.
Las medidas han generado reacciones mixtas. Mientras que algunos sectores aplauden la estricta aplicación de la ley, otros cuestionan el impacto humanitario de estas acciones, especialmente en comunidades donde muchos inmigrantes han vivido y trabajado durante años.
Desde ICE, aseguran que seguirán adelante con su labor de control en los lugares de trabajo y reiteran que los empleadores deben tomar medidas proactivas para asegurar el cumplimiento total de las normativas vigentes. “El mensaje es claro: contratar a inmigrantes indocumentados tiene consecuencias”, concluyó Hammer.
Estas operaciones reflejan una política migratoria más estricta y un llamado de atención a las empresas que aún no han reforzado sus procesos de contratación.
