Una decisión judicial en Denver ha puesto en pausa temporal la deportación de un grupo de migrantes venezolanos que residen en Colorado. La jueza del Tribunal de Distrito, Charlotte Sweeney, dictó un fallo que exige mayores garantías procesales para las personas que enfrentan procedimientos de deportación bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
El fallo establece que cualquier migrante bajo esta ley debe recibir un aviso con al menos 21 días de anticipación antes de ser deportado. Asimismo, debe ser informado de su derecho a una revisión judicial y se le debe brindar la oportunidad de consultar con un abogado. El aviso, además, debe proporcionarse en un idioma que el migrante comprenda plenamente, asegurando así el respeto al debido proceso.
Este caso particular involucra a varios migrantes venezolanos que fueron detenidos con la intención de ser deportados en las próximas semanas. Muchos de ellos se encontraban alojados en instalaciones del estado de Colorado, a la espera de una decisión final sobre su estatus migratorio.
La utilización de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte de las autoridades migratorias —una herramienta legal que permite la expulsión expedita de personas consideradas amenazas a la seguridad nacional— ha generado fuertes críticas por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos. Esta ley, raramente invocada en décadas recientes, ha sido aplicada con mayor frecuencia desde la administración del presidente Donald Trump, especialmente en casos de migrantes sin documentos que provienen de países considerados políticamente inestables.
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El equipo legal de los migrantes venezolanos argumentó ante la corte que sus representados no fueron informados adecuadamente ni contaron con tiempo suficiente para preparar su defensa, una situación que vulnera tanto la ley como principios fundamentales del derecho migratorio. La jueza Sweeney coincidió parcialmente con estos argumentos y ordenó la suspensión inmediata de las deportaciones hasta el próximo 6 de mayo, dejando abierta la posibilidad de nuevas prórrogas si la situación no se regulariza.
Este fallo no solo representa un alivio temporal para las familias afectadas, sino que también sienta un precedente para otros estados donde podrían estar ocurriendo procesos similares sin las debidas garantías.
Organizaciones de ayuda migratoria han celebrado la decisión judicial. “Esto es un paso hacia la justicia. Los migrantes tienen derechos, y deben ser respetados sin importar su estatus migratorio”, señaló Patricia Gutiérrez, vocera de la Coalición por los Derechos Humanos de los Migrantes.
Hasta el momento, las autoridades federales no han emitido una respuesta oficial a la decisión judicial. No obstante, se espera que la Administración federal presente argumentos en contra de la prórroga en los próximos días.
Mientras tanto, los migrantes venezolanos en Colorado permanecerán bajo protección judicial, a la espera de que se determine el futuro de sus casos. La próxima audiencia se llevará a cabo el 6 de mayo, donde se evaluará si las condiciones legales han sido cumplidas o si se extiende la suspensión.
