La Casa Blanca ha decidido poner fin a la tradición de otorgar un acceso permanente al grupo de prensa, lo que representa un cambio significativo en las relaciones entre los medios de comunicación y el gobierno. Este nuevo enfoque limita el acceso de las agencias de noticias más importantes, como Associated Press (AP), Bloomberg News y Reuters, que anteriormente formaban parte del grupo encargado de cubrir las actividades públicas del presidente.
La medida llega tras una serie de tensiones entre la Casa Blanca y las agencias de noticias, especialmente después de que AP demandara al gobierno en febrero debido a la prohibición de no seguir una orden ejecutiva de la administración Trump. Esta orden cambiaba el nombre del Golfo de México a “Golfo de América”, un acto que AP se negó a seguir, lo que llevó a la demanda. A pesar de que un juez federal dictaminó que el gobierno no podía tomar represalias contra la decisión de AP, la Casa Blanca decidió imponer restricciones al acceso de todos los servicios de noticias.
El 8 de abril, el juez federal Trevor N. McFadden falló a favor de AP, afirmando que la libertad de expresión había sido violada por la negativa a permitir que el medio cubriera eventos presidenciales. Sin embargo, esta victoria legal no ha resultado en una restauración total del acceso de AP. En lugar de ello, la Casa Blanca ha optado por una reorganización del grupo de prensa, creando un espacio secundario para periodistas impresos y limitando las franjas horarias de los periodistas para su acceso al presidente.
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Lauren Easton, portavoz de AP, expresó la decepción de la agencia por la decisión, argumentando que la Casa Blanca, al imponer restricciones, sigue ignorando los derechos fundamentales de la prensa. La agencia remarcó que su cobertura es crucial para medios de comunicación de todo el país y que las acciones del gobierno representan una amenaza a la libertad de expresión.
Durante años, la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) ha gestionado el acceso al presidente, incluyendo a reporteros de AP, Reuters y Bloomberg en el grupo de prensa. Sin embargo, bajo la nueva política, estas agencias se verán agrupadas con periodistas de prensa escrita en dos franjas horarias regulares, lo que obligará a rotar a los reporteros y limitará la cantidad de cobertura en cada evento.
La Casa Blanca ha defendido esta decisión, argumentando que el acceso a los eventos presidenciales es un privilegio y no un derecho absoluto. El secretario de prensa, Karoline Leavitt, tiene la discreción diaria para decidir qué medios estarán presentes, lo que ha generado críticas por la falta de un proceso transparente y regular para determinar quién tiene acceso.
Eugene Daniels, presidente de la WHCA, ha señalado que estos cambios son una forma de represalia contra las organizaciones de noticias que no siguen la línea de la Casa Blanca. Además, criticó la falta de garantías claras que impidan la discriminación de los medios con puntos de vista adversos, como dictaminó un tribunal federal.
La nueva política de la Casa Blanca pone en evidencia las tensiones crecientes entre el gobierno y los medios de comunicación, mientras se debate el balance entre el derecho de la prensa a informar y la autoridad presidencial para controlar el acceso a la información.
