El gobierno de Venezuela denunció este jueves que Estados Unidos “secuestró” a una niña venezolana de 2 años tras separar a la menor de sus padres, quienes fueron deportados por presuntos vínculos con la organización criminal Tren de Aragua.
“Han vuelto a cometer el gravísimo delito de separar familias y sustraer a una menor de su entorno afectivo”, expresó el gobierno venezolano en un comunicado, donde exigió el retorno inmediato de Maikelys Antonella Espinoza Bernal.
Según la versión oficial venezolana, la madre de la niña fue deportada a Venezuela y el padre, Maiker Espinoza-Escalona, fue trasladado a la prisión de máxima seguridad CECOT, en El Salvador. Caracas comparó esta medida con las deportaciones masivas de la Segunda Guerra Mundial: “Una representación moderna de los trenes de la muerte”, se lee en el comunicado.
Frente a las acusaciones, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) negó haber cometido un secuestro. Un alto funcionario defendió la actuación de las autoridades afirmando que los padres estaban involucrados en delitos graves como “operar una casa de tortura, tráfico sexual y secuestro”.
“Gracias al presidente Trump, estos pandilleros del Tren de Aragua han sido expulsados de nuestro país”, afirmó el funcionario. “La niña fue retirada de su custodia. No permitiremos que sufra abuso ni que siga expuesta a actividades delictivas que pongan en peligro su seguridad”.
Actualmente, la menor se encuentra bajo el cuidado de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados y ha sido ubicada en un hogar de acogida, según confirmaron autoridades estadounidenses.
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En una declaración jurada, el padre negó su pertenencia al Tren de Aragua y aseguró que fue acusado por sus tatuajes. Documentos judiciales indican que la familia ingresó a Estados Unidos en mayo de 2024 solicitando asilo.
El caso ocurre en medio de una ofensiva migratoria impulsada por la actual administración. Otro incidente reciente involucró a una niña hondureña que fue deportada junto a su madre. Días después, un juez federal bloqueó la deportación al descubrir que la menor era ciudadana estadounidense, nacida en Baton Rouge, Luisiana.
La orden judicial argumentó posibles violaciones a la Cuarta y Quinta Enmienda de la Constitución. Se alegó que los agentes de inmigración no tenían causa probable para la deportación y que la expulsión sin un tutor o representante legal violaba derechos fundamentales.
El caso de Maikelys ha generado inquietud internacional y reavivado el debate sobre la política de separación familiar en EE.UU., así como el tratamiento a menores de edad en procesos migratorios.
