Agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron el 24 de abril a Wilmer Osmany Ramos Girón, un ciudadano guatemalteco que había sido recientemente liberado tras un acuerdo judicial en el condado de Fairfax. El hombre estaba acusado de estrangulamiento, secuestro forzoso y agresión a un familiar, cargos que podrían haberle significado hasta 16 años de prisión.
En enero de 2025, Ramos-Girón fue detenido por la policía del condado de Fairfax por presuntamente secuestrar, agredir y estrangular a una mujer. Sin embargo, la oficina del fiscal de la Commonwealth, Steve Descano, ofreció un acuerdo de culpabilidad mediante el cual se retiró el cargo por estrangulamiento a cambio de que el acusado se declarara culpable de blandir un machete, un delito menor.
Debido a ese acuerdo, Ramos-Girón cumplió aproximadamente dos meses en el Centro de Detención de Adultos del Condado de Fairfax, siendo liberado en marzo por la Oficina del Sheriff sin que se notificara a ICE, en concordancia con una política local que exige una orden judicial federal para realizar detenciones migratorias.
El director de Operaciones de Detención y Deportación de ICE en Washington, Russell Hott, criticó duramente la decisión:
“Wilmer Ramos-Girón representa una amenaza significativa para nuestros residentes. Ha demostrado un flagrante desprecio por nuestras leyes y por la seguridad pública”, declaró.
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El historial migratorio de Ramos-Girón muestra múltiples reingresos ilegales a EE. UU. tras ser deportado en dos ocasiones anteriores. En 2012, fue expulsado por primera vez luego de ser arrestado por portar un arma de fuego. Regresó de forma ilegal y en 2019 fue detenido por posesión de armas como extranjero, por lo que cumplió una condena federal de nueve meses y fue deportado nuevamente en 2020.
Según ICE, Ramos-Girón volvió a ingresar ilegalmente al país en una fecha y lugar desconocidos. El 27 de enero de 2025, fue arrestado por los cargos que dieron origen al reciente acuerdo judicial. Ese mismo día, ICE presentó una orden de detención migratoria que no fue ejecutada por las autoridades locales.
La Oficina del Sheriff del Condado de Fairfax, encabezada por Stacey Kincaid, mantiene una política que impide colaborar con ICE sin una orden judicial. Este enfoque ha sido criticado, ya que según datos oficiales, el condado ha rechazado más de 1,100 órdenes de detención en menos de dos años, siendo la tercera mayor cifra a nivel nacional.
ICE reiteró su compromiso de actuar frente a individuos con historial criminal:
“Los hombres y mujeres de ICE continuarán arrestando y expulsando a las amenazas de delincuencia extranjera para garantizar justicia a las víctimas”, añadió Hott.
Actualmente, Ramos-Girón permanece bajo custodia de ICE, a la espera de procedimientos migratorios adicionales.
