Cinco ciudadanos mexicanos enfrentan cargos federales tras el naufragio de una embarcación que transportaba a más de una docena de migrantes cerca de San Diego, que dejó al menos tres muertos, entre ellos un niño de 14 años originario de la India. El incidente ocurrió el lunes 5 de mayo de 2025, cuando la pequeña embarcación volcó en la playa estatal Torrey Pines, en Del Mar, durante un presunto intento de contrabando de personas.
Testigos y primeros respondientes informaron que vieron la panga volcada en la playa. Transeúntes y socorristas locales se unieron para buscar a las víctimas, mientras que las autoridades confirmaron que los padres del niño fallecido y otras dos personas fueron hospitalizados. Ocho migrantes sobrevivieron y fueron localizados por la Patrulla Fronteriza en Chula Vista. Sin embargo, una niña indígena de 10 años, hermana del niño fallecido, sigue desaparecida.
El fiscal federal Adam Gordon condenó el incidente, afirmando que “las muertes por ahogamiento de estos niños son un recordatorio desgarrador de lo poco que les importan a los traficantes de personas los costos de su negocio mortal”. La Fiscalía de EE. UU. en el Distrito Sur de California anunció que cinco personas fueron detenidas en relación con el caso.
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El primero en ser arrestado fue Julio César Zúñiga Luna, quien fue capturado en la playa junto con Jesús Juan Rodríguez Leyva. Ambos enfrentan cargos de tráfico de personas que resultó en la muerte, un delito federal que conlleva penas severas. A estos se les sumaron Melissa Jenelle Cota, Gustavo Lara y Sergio Rojas-Fregosa, quienes fueron arrestados horas después cuando un vehículo vinculado al caso fue reconocido en Chula Vista.
Rojas-Fregosa tiene antecedentes, ya que fue deportado el 19 de diciembre de 2023. Cota, Lara y Rojas-Fregosa enfrentan cargos por transportar inmigrantes indocumentados. Según la Fiscalía, todos ellos fueron parte de una red de contrabando de migrantes, una actividad peligrosa que involucra ganancias económicas a costa de vidas humanas.
La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha solicitado que el Departamento de Justicia considere la pena de muerte para los acusados. Noem subrayó la gravedad del crimen, declarando que “sus muertes no solo eran evitables, sino que también fueron resultado directo de la codicia e indiferencia de los contrabandistas que los explotaron”. La Ley de Inmigración y Nacionalidad estipula que los actos de contrabando de extranjeros que resultan en la muerte pueden ser castigados con la pena de muerte, conforme a la Ley Federal de Pena de Muerte.
Aunque aún se desconoce el origen del barco, el caso resalta una vez más los riesgos asociados con el tráfico ilegal de personas a través de rutas peligrosas, y la creciente preocupación de las autoridades por las consecuencias fatales de estos actos ilegales.
