La Cámara de Representantes de Texas aprobó este lunes una serie de proyectos de ley que endurecen significativamente las políticas de fianza en el estado. Algunas de estas medidas recibieron apoyo bipartidista, mientras que otras generaron controversia por su alcance y consecuencias legales.
Cuatro propuestas, previamente aprobadas por el Senado, fueron debatidas y votadas por la Cámara. El gobernador Greg Abbott ha impulsado esta reforma como una prioridad legislativa, luego del respaldo obtenido con su programa de vales escolares.
La Resolución Conjunta Senatorial 5 fue aprobada por 133 votos a favor y 8 en contra, y establece que personas acusadas de ciertos delitos graves como asesinato, secuestro con agravantes, agresión sexual con agravantes, trata de personas y otros, podrían ser privadas totalmente del derecho a fianza.
En paralelo, la Resolución Conjunta Senatorial 1 recibió 88 votos a favor y 50 en contra, sin alcanzar la supermayoría requerida. Esta iniciativa permitiría negar la fianza a migrantes indocumentados acusados de delitos graves. Aunque no fue aprobada en esta primera instancia, se programó una nueva votación para el martes.
El representante republicano John Smithee, promotor del proyecto, expresó: “El mejor momento para aprobar esto habría sido hace seis años, pero el siguiente mejor momento sería hoy. Si los votantes la aprueban, salvaremos vidas humanas inocentes”. La representante demócrata Mary González presentó una enmienda que será revisada antes de la votación final.
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Si ambas resoluciones avanzan en el Senado con las modificaciones propuestas, tendrán que ser aprobadas por los votantes en noviembre, ya que implican enmiendas constitucionales. De no haber consenso entre ambas cámaras, se abrirían negociaciones intercamerales.
Otra pieza clave es el Proyecto de Ley Senatorial 9, aprobado con 122 votos a favor y 20 en contra. Este restringe el acceso a fianzas mínimas o sin efectivo para acusados de posesión ilegal de armas de fuego o violación de órdenes de protección familiar. Además, impone nuevas obligaciones de transparencia a las organizaciones benéficas de fianzas.
Críticos como Nick Hudson, de la ACLU de Texas, argumentaron que “la SB 9 consolida un sistema de justicia de dos niveles… y mantiene en prisión a personas pobres solo por ser pobres”. Añadió que se trata de una medida que “viola principios básicos del debido proceso”.
Por último, el Proyecto de Ley Senatorial 40, aprobado por 132 votos a favor y 13 en contra, prohíbe el uso de fondos públicos para pagar fianzas, apuntando directamente a las organizaciones benéficas que, según los republicanos, estarían usando recursos estatales para liberar a acusados.
Con estas medidas, Texas avanza hacia una política penal más estricta, mientras se mantiene el debate sobre el equilibrio entre seguridad pública, justicia procesal y derechos civiles.
