El Senado de Texas aprobó el miércoles un controvertido proyecto de ley que podría tener profundas implicancias en el acceso a las píldoras abortivas en el estado. Con 19 votos a favor y 11 en contra, el Proyecto de Ley 2880 busca permitir demandas privadas por un valor de hasta $100,000 contra cualquier persona que fabrique, envíe o entregue pastillas abortivas, incluidas las farmacéuticas.
Este proyecto de ley es una ampliación del enfoque utilizado en 2021 para ilegalizar la mayoría de los abortos en Texas. En ese entonces, se introdujo un mecanismo que permitía a los ciudadanos demandar a cualquier persona que facilitara un aborto. Ahora, el proyecto de ley va más allá, extendiendo la medida a quienes envíen o entreguen píldoras abortivas, incluso si están fuera del estado. También persigue a los proveedores de servicios en línea que ofrecen estas píldoras y a las instituciones financieras que faciliten las transacciones.
El senador Bryan Hughes, republicano de Mineola y principal autor de la ley, justificó la medida señalando que las píldoras abortivas son enviadas sin la supervisión adecuada de médicos, lo que aumenta los riesgos para las mujeres. “Estas son las píldoras que se envían por correo a Texas directamente a las mujeres, a menudo sin instrucciones, ciertamente sin médicos como antes, y sin seguimiento posterior”, afirmó Hughes.
La ley también plantea un endurecimiento de las penas por homicidio culposo tras un aborto, extendiendo el plazo de prescripción de dos a seis años. Además, se propone que los abogados que intenten impugnar la ley sean responsables de los honorarios legales en casi todos los casos, lo que podría disuadir a muchos de hacerlo.
También te puede interesar: ICE multa a tres empresas de Colorado
El senador Nathan Johnson, demócrata de Dallas, cuestionó fuertemente la constitucionalidad de la ley. En una sesión acalorada, Johnson advirtió que esta medida violaría principios fundamentales de la jurisprudencia estatal. Señaló que, bajo esta nueva ley, los jueces que se opongan a la norma no podrán recibir representación legal del fiscal general, lo que podría generar un conflicto de intereses y poner en riesgo la imparcialidad judicial.
“Este proyecto de ley es una transgresión flagrante y descarada de los principios… sobre los que se fundaron este país y este estado”, afirmó Johnson, quien también planteó inquietudes sobre el impacto de la ley en la jurisprudencia de Texas.
El proyecto de ley enfrenta ahora un desafío significativo en la Cámara de Representantes, donde se espera que se debatan aspectos como la constitucionalidad y los efectos en los derechos civiles de las mujeres. La medida también podría encontrar resistencia a nivel nacional, especialmente entre los defensores de los derechos reproductivos, quienes han expresado su preocupación por la creciente tendencia en varios estados a restringir el acceso a los medicamentos abortivos.
El debate en Texas sobre el aborto continúa siendo uno de los más polarizados del país, con legisladores republicanos buscando restringir aún más el acceso a los procedimientos y medicamentos relacionados, mientras que los demócratas y defensores de los derechos reproductivos luchan por mantener las protecciones legales para las mujeres.
Este desarrollo marca un paso más en la batalla legal y política por el control del acceso al aborto en Estados Unidos, particularmente después de la anulación de Roe v. Wade.
