El Senado de Texas aprobó por unanimidad este martes un proyecto de ley que permite a las universidades del estado pagar directamente a sus atletas mediante acuerdos de nombre, imagen y semejanza (NIL, por sus siglas en inglés).
La iniciativa, conocida como Proyecto de Ley 126 de la Cámara de Representantes, podría entrar en vigor el 1 de septiembre si la Cámara de Representantes aprueba la enmienda del Senado y el gobernador Greg Abbott no la veta. Hasta ahora, solo empresas externas podían establecer dichos acuerdos.
“El Senado salvó los deportes universitarios en Texas”, declaró con tono humorístico el vicegobernador Dan Patrick tras la votación.
El debate se retrasó desde el domingo, cuando senadores exigieron mayor claridad sobre el contenido de la medida. Durante ese tiempo, varios legisladores se reunieron con entrenadores universitarios que enfatizaron la urgencia de la legislación para distribuir fondos millonarios y mejorar el reclutamiento de atletas.
El senador republicano Brandon Creighton, promotor del proyecto en la cámara alta, aceptó añadir una enmienda para limitar estos acuerdos a estudiantes mayores de 17 años, en respuesta a preocupaciones sobre la protección de menores.
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“Espero que esta enmienda aborde algunas de las principales preocupaciones… y garantice que nuestros jóvenes atletas puedan competir en igualdad de condiciones”, señaló Creighton.
El proyecto establece que los estudiantes no podrán recibir pagos hasta estar oficialmente matriculados y activos en su programa deportivo. Además, continúa la prohibición de acuerdos con industrias como el alcohol, tabaco o contenido sexual, y se exige a los atletas completar un curso de educación financiera.
Esta medida llega en un contexto nacional de reformas, luego de demandas contra la NCAA por restricciones a la compensación. En 2023, la NCAA acordó pagar $2,800 millones a atletas de División I desde 2016, un acuerdo que se espera ratifique un juez en octubre.
Los sistemas universitarios Texas Tech y Texas A&M han presionado por la aprobación de esta ley, argumentando que su ausencia provocaría la fuga de talentos hacia otros estados.
Creighton señaló que, si bien la NCAA planea limitar a $20,5 millones anuales el monto total por universidad, los centros más pequeños podrían hacer uso estratégico del presupuesto para atraer jugadores.
Algunos senadores demócratas centraron el debate en los derechos de los estudiantes. Royce West cuestionó si las universidades estaban informando a exjugadores sobre su elegibilidad en el acuerdo judicial. José Menéndez resaltó la disparidad entre los ingresos millonarios de los programas deportivos y el futuro incierto de los atletas.
“¿Por qué estos atletas no deberían poder compartir parte de las ganancias o los recursos que sus familias podrían necesitar desesperadamente?”, planteó Menéndez.
La ley aún requiere la confirmación final de la Cámara Baja y la firma del gobernador, pero hasta ahora no hay señales de oposición formal.
