El gobernador Greg Abbott firmó el miércoles una amplia ley de financiamiento de escuelas públicas , aportando nuevo dinero estatal a las escuelas públicas que lo necesitan con urgencia.
El Proyecto de Ley 2 de la Cámara de Representantes es un paquete de $8.5 mil millones para financiar las escuelas públicas, el aumento más significativo en la financiación de la educación pública en la historia del estado. Este paquete es un acuerdo entre legisladores de la Cámara de Representantes y el Senado, resultado de negociaciones para conciliar las diferentes visiones entre ambas cámaras sobre cómo aumentar la financiación de las escuelas públicas.
Aumentaría la cantidad base que reciben las escuelas públicas por estudiante, conocida como la “asignación básica”, en $55 por estudiante. Incluye $1.300 millones para una nueva Asignación para Costos Básicos, equivalente a $106 por estudiante, diseñada para ayudar a las escuelas a cubrir gastos como servicios públicos, transporte y atención médica.
“El Proyecto de Ley 2 de la Cámara de Representantes garantiza que nuestras escuelas reciban una financiación mejor que nunca. Los salarios de los maestros y la financiación estudiantil están en máximos históricos. El rendimiento en lectura y matemáticas está en alza, y los estudiantes estarán mejor preparados que nunca para el mundo laboral”, declaró Abbott. “Ya están sentadas las bases para que la educación en Texas comience a ascender en la clasificación hacia el puesto número 1 en educación en Estados Unidos”.
La ceremonia de firma se llevó a cabo en la biblioteca de la Escuela Intermedia Salado, que se encuentra en la ciudad natal del representante estatal Brad Buckley (R-Salado), quien presidió el Comité de Educación Pública de la Cámara y lideró el impulso para que la Legislatura aprobara el financiamiento récord para la educación pública.
“Nunca ha habido un momento más importante para poner los recursos en manos de nuestros educadores para que seamos el número 1”, dijo Buckley.
Establece una estructura sobre cómo las escuelas gastan el dinero en formas dirigidas por la Legislatura, lo que supone un cambio respecto del sistema más flexible que los defensores de la educación han impulsado.
