El gobernador de California, Gavin Newsom, y el fiscal general del estado, Rob Bonta, presentaron este martes una moción de emergencia con el objetivo de detener el uso de tropas de la California National Guard para ejecutar leyes estatales y asistir en operativos migratorios.
La medida judicial responde al reciente despliegue ordenado por el presidente Donald Trump, quien envió 2,000 efectivos de la Guardia Nacional a Los Angeles el sábado 7 de junio por la noche. El mandatario argumentó que se trataba de una respuesta a las protestas “radicales de izquierda” protagonizadas por “instigadores y agitadores pagados”.
Trump invocó una disposición legal que le permite movilizar tropas federales cuando exista “una rebelión o peligro de rebelión contra la autoridad del Gobierno de los Estados Unidos”.
El lunes 9 de junio, la situación escaló cuando se autorizó el envío de 2,000 soldados adicionales. Según el Departamento de Defensa, la presencia militar en la ciudad pasó de 300 a 1,700 efectivos en menos de 48 horas. Además, se desplegaron cerca de 700 marines en servicio activo para apoyar a la Guardia Nacional en la ciudad.
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Ante este escenario, Newsom declaró: “El gobierno federal está usando al ejército contra ciudadanos estadounidenses. Enviar combatientes entrenados a las calles es algo sin precedentes y amenaza el corazón mismo de nuestra democracia. Donald Trump actúa como un tirano, no como un presidente. Pedimos a la corte que detenga de inmediato estas acciones ilegales”.
La moción de emergencia forma parte de una demanda más amplia contra Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en la que se les acusa de violar la Constitución de los Estados Unidos y abusar de la autoridad otorgada bajo el Título 10.
El equipo legal de California sostuvo ante el tribunal que esta solicitud busca “impedir el uso de la Guardia Nacional federalizada y de marines activos con fines de vigilancia policial en las calles de una ciudad civil”. No obstante, aclararon que no se oponen a que estas fuerzas continúen con sus labores de protección de propiedad federal en Los Angeles.
Hasta el momento, no se ha emitido una respuesta oficial del gobierno federal a la moción presentada por el estado.
Los disturbios y las tensiones aumentaron tras la detención de decenas de personas en un operativo de inmigración en Paramount, California, el sábado anterior, lo que derivó en protestas, uso de gas lacrimógeno por parte de la Border Patrol y enfrentamientos con fuerzas del orden.
La situación continúa generando preocupación por el uso de fuerza militar en zonas urbanas civiles y por el respeto a las competencias estatales en materia de seguridad pública.
