Nueve inmigrantes que habían sido previamente deportados fueron arrestados en diferentes condados de Northwest Florida durante los últimos meses por reingresar de manera ilegal a Estados Unidos. Todos han sido formalmente acusados por un gran jurado federal, según informó la U.S. Attorney’s Office del Northern District of Florida.
Estas acciones forman parte de la operación nacional “Take Back America”, una iniciativa que, según el Departamento de Justicia, busca combatir la inmigración ilegal, desarticular organizaciones criminales transnacionales y proteger a las comunidades de delitos violentos.
Entre los detenidos se encuentran ciudadanos de México, Honduras y Guatemala, localizados entre febrero y mayo de 2025 en ciudades como Pensacola, Fort Walton Beach, Santa Rosa County, y Gulf Breeze. Las fechas de deportación anteriores de estos individuos varían entre los años 1997 y 2024.
Uno de los casos destacados es el de Oscar Alva-Cabrera, de 23 años, originario de México, quien fue arrestado en Gulf Breeze en mayo de este año. Fue deportado en 2024 tras ser acusado de abandonar la escena de un accidente y conducir sin licencia. Regresó a Estados Unidos en menos de un año.
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En Pensacola, también fueron detenidos Joel Coto-Mendoza y Roberto Gonzales-Coto, ambos de nacionalidad hondureña. Coto-Mendoza, de 48 años, había sido deportado en 2023, mientras que Gonzales-Coto, de 46, tenía una deportación desde 2004. Ambos fueron localizados en mayo.
El caso de Elpidio Abelardo Perez-Perez, mexicano de 33 años, es particularmente relevante, ya que ha sido deportado en tres ocasiones previas: 2010, 2012 y 2013. Fue encontrado nuevamente en Pensacola en febrero.
Otros arrestos incluyeron a Jose Luis Morales-Huerta y Maximo Solis-Xec en Santa Rosa County, y a Jose Victor Aguilar-Zelaya en Fort Walton Beach. Todos enfrentan cargos por reingreso ilegal.
Además de los casos en Northwest Florida, se presentaron acusaciones contra otros siete migrantes ubicados en Tallahassee y Madison County, como Luis Armando Funez-Gomez y Juan Carlos Hernandez Vallejos, este último con dos deportaciones previas.
“El objetivo es frenar el ingreso repetido de personas que ya han sido removidas del país por vías legales y que, en algunos casos, tienen antecedentes penales”, declaró un vocero del Departamento de Justicia en el comunicado oficial.
La Oficina del Fiscal Federal recordó que estas acusaciones son parte de un proceso judicial y que los imputados son considerados inocentes hasta que se pruebe lo contrario en un tribunal.
Todos los detenidos enfrentarán procedimientos legales en el distrito correspondiente. De ser encontrados culpables, podrían recibir penas de prisión federal antes de una nueva deportación.
