Este lunes entró en vigor el nuevo veto migratorio del presidente Donald Trump, el cual restringe la emisión de visados a ciudadanos de 19 países, en el marco de una renovada política de seguridad y control fronterizo durante su segundo mandato.
La orden ejecutiva, firmada la semana pasada en la Casa Blanca, prohíbe nuevas solicitudes de visa para personas que se encuentren fuera de Estados Unidos y provengan de Afghanistan, Myanmar, Chad, Republic of Congo, Equatorial Guinea, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan y Yemen. A ellos se suman restricciones para ciudadanos de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan y Venezuela, siempre que no cuenten con una visa válida.
“El mundo ha cambiado, y Estados Unidos debe proteger a su gente primero”, afirmó Trump en un mensaje grabado. Justificó la medida señalando que estos países presentan “riesgos elevados en cuanto a terrorismo, permanencias ilegales y cooperación insuficiente con las autoridades migratorias estadounidenses”.
El Departamento de Estado precisó que las visas emitidas previamente se mantienen vigentes, pero las nuevas solicitudes serán rechazadas salvo en circunstancias excepcionales. Las restricciones incluyen visas de turismo, negocios y estudios.
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Organizaciones defensoras de derechos humanos han reaccionado con preocupación. “Este veto no mejora la seguridad, solo margina a comunidades vulnerables”, dijo Abby Maxman, presidenta de Oxfam America. Protestas se registraron frente a la Casa Blanca y en otras ciudades del país.
En el aeropuerto de Newark, la ciudadana haitiano-estadounidense Elvanise Louis-Juste expresó su angustia: “Tengo familia en Haití. Esto me parte el corazón”.
Desde Caracas, el régimen de Nicolás Maduro calificó el veto como una “medida hostil y discriminatoria” contra Venezuela. Tanto ese país como Cuba han sido objeto de múltiples sanciones por parte de la administración Trump.
Según analistas legales, la nueva orden fue cuidadosamente redactada para evitar impugnaciones judiciales como las que enfrentó el veto migratorio de 2017. Esta vez, el gobierno se basó en informes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y datos sobre permanencias ilegales.
La acción forma parte de un paquete más amplio que incluye el refuerzo de deportaciones, la reducción de cuotas de refugiados y un control más estricto en la frontera sur. “Este es apenas el comienzo”, advirtió Trump.
