Un total de 200 Marines han sido movilizados hacia Los Ángeles para proteger propiedades y personal federal, según informó este viernes el mayor general Scott Sherman, comandante de Task Force 51.
Sherman explicó que la presencia militar forma parte de un despliegue mayor de 4,700 efectivos. Sin embargo, solo dos centenares han ingresado hasta ahora a la ciudad, tras completar un entrenamiento en control de disturbios civiles.
“Quiero enfatizar que los soldados no participarán en actividades de orden público. Su enfoque estará en proteger al personal federal de seguridad”, afirmó Sherman durante una conferencia.
El despliegue se produce luego de que una corte de apelaciones suspendiera temporalmente la orden de un juez federal que buscaba devolver el control de la Guardia Nacional al estado de California. La orden original había sido emitida tras la decisión del presidente Donald Trump de movilizar tropas para apoyar las operaciones de ICE en redadas migratorias dentro de Los Ángeles.
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El juez federal Charles Breyer dictaminó el jueves que la movilización de tropas violaba la Décima Enmienda de la Constitución y excedía la autoridad presidencial. No obstante, no se pronunció sobre la legalidad del ingreso de los Marines, dado que aún no estaban activos en las calles.
Desde la Casa Blanca, el fallo de Breyer fue calificado como “sin precedentes” y peligroso.
“La corte de distrito no tiene autoridad para usurpar el rol del Presidente como Comandante en Jefe”, declaró Anna Kelly, portavoz presidencial. “El Presidente ejerció su autoridad legítima para movilizar a la Guardia Nacional con el fin de proteger edificios y personal federal en el anárquico Los Ángeles de Gavin Newsom. La Administración Trump apelará de inmediato este abuso de poder”.
Las tensiones en la ciudad han ido en aumento tras varias jornadas de protestas contra las redadas migratorias, con concentraciones frente al City Hall que han derivado en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales.
Fotografías del miércoles 11 de junio muestran a oficiales enfrentándose a manifestantes que gritaban a través de megáfonos, y bloqueaban el paso de vehículos en señal de rechazo a las operaciones de ICE. La situación ha generado preocupación por la seguridad en torno a instalaciones federales, lo que llevó al Pentágono a autorizar la participación de Marines bajo parámetros estrictamente defensivos.
La decisión presidencial y el fallo judicial han abierto un nuevo frente de debate sobre la autoridad federal y estatal en el uso de fuerzas militares en suelo nacional, especialmente en contextos de aplicación de leyes migratorias. La apelación presentada por la administración Trump seguirá su curso en los próximos días.
