El Gobernador Greg Abbott ha firmado una nueva ley, conocida como Senator Bill 13, que reestructura la manera en que los distritos escolares pueden adquirir y mantener libros en sus bibliotecas, otorgando el poder de decisión final a las juntas escolares o a un comité asesor en lugar de a los bibliotecarios.
La medida ha generado una fuerte controversia, enfrentando a quienes la ven como una protección para los niños contra quienes la consideran un acto de censura y una vulneración de los derechos de los padres.
La autora del proyecto de ley, la Senadora Angela Paxton, defendió la medida en el pleno del Senado como una forma de proteger los valores de la comunidad y los niños pequeños. “Ningún niño debería tomar un libro en la biblioteca de su escuela y ver material sexualmente explícito y dañino en sus páginas”, afirmó Paxton. “Sus jóvenes cerebros no pueden des-ver lo que han visto”.
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Sin embargo, algunos padres, como Kevin Jackson del Austin ISD, ven la ley como un ataque a su propio derecho de guiar la lectura de sus hijos. Jackson, padre de dos hijas en la secundaria, prefiere el diálogo directo. “Les pregunto a mis hijas, ‘ok, te interesa este libro’, y podemos hablar de ello”, dijo, expresando su preocupación de que la ley impide a los estudiantes acceder a “diferentes perspectivas de lo que ocurre en la historia”.
Grupos defensores de la libertad de lectura también han alzado la voz. Laney Hawes, del Texas Freedom to Read Project, califica la implementación de la ley como una “pesadilla logística”, cuestionando cómo un pequeño comité podría revisar las millas de libros que un distrito compra anualmente.
Hawes argumenta que los bibliotecarios, con maestrías y un estricto código de ética, son los profesionales capacitados para tomar estas decisiones, no los “actores políticos”. “Nos parece que esa línea es devastadora y aterradora, que un pequeño grupo de personas decide cómo son los valores de la comunidad local”, señaló.
La nueva ley, una de las más de 1,155 firmadas por Abbott en esta sesión legislativa, establece también un mecanismo para que las juntas revisen las quejas de los padres sobre determinados libros. Mientras sus defensores insisten en que es una herramienta para la protección infantil, sus críticos temen que haga más mal que bien al limitar el acceso al conocimiento.
