En un giro significativo dentro del acalorado debate nacional sobre el deporte femenino, la University of Pennsylvania (UPenn) ha llegado a un acuerdo para resolver violaciones a la ley federal del Título IX y ha emitido una disculpa pública por haber permitido que la nadadora transgénero Lia Thomas compitiera en el equipo de natación femenino.
Esta medida, que busca evitar la imposición de sanciones federales, marca un hito en la controversia sobre la participación de atletas trans en categorías femeninas. El caso de Lia Thomas generó un intenso debate a nivel nacional después de que, tras competir en el equipo masculino, se uniera al femenino y ganara un campeonato nacional de la NCAA, rompiendo récords y generando quejas de compañeras y rivales sobre la equidad competitiva.
La resolución de UPenn ha sido recibida como un primer paso positivo por parte de organizaciones como Parents Defending Education. Nicole Neily, presidenta del grupo, calificó la decisión como un avance, pero subrayó que la controversia está lejos de terminar. “Hemos visto a muchos otros estados, universidades y distritos escolares que han dicho que planean continuar con sus programas [que permiten la participación de atletas trans]”, declaró Neily.
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El acuerdo de UPenn es visto como una victoria para los grupos que abogan por la protección de las categorías deportivas basadas en el sexo biológico. La decisión podría sentar un precedente para otras instituciones que enfrentan desafíos similares bajo el Título IX, una ley federal que prohíbe la discriminación por razón de sexo en los programas educativos que reciben financiación del gobierno.
La interpretación de esta ley se ha convertido en un punto central de la política estadounidense. La administración Trump ha adoptado una postura que busca proteger las categorías deportivas femeninas, lo que ha generado enfrentamientos con estados que tienen políticas inclusivas. “Obviamente, la administración Trump está en medio de una gran confrontación con Maine y California, así que esto es un tema que sigue en curso”, añadió Neily.
El acuerdo de UPell, por tanto, no solo cierra un capítulo polémico para la universidad, sino que también añade un elemento de presión a otras instituciones académicas y deportivas que ahora deberán sopesar sus políticas frente a la postura del gobierno federal y el creciente escrutinio público sobre la equidad en el deporte.