Proteger el medioambiente y defender los derechos humanos es una tarea extremadamente peligrosa en Latinoamérica. Según un informe de la ONG Front Line Defenders (FLD), en 2024 se registraron 257 muertes violentas relacionadas con estas actividades. Esto representa el 80 % de los casos globales y consolida a la región como la más letal para quienes luchan por el planeta. Los cinco países más peligrosos son Colombia (157 víctimas), México (32), Guatemala (29), Brasil (15) y Perú (9).
Por otro lado, las causas detrás de esta violencia son variadas pero profundamente arraigadas. Conflictos armados y actividades extractivistas, como la minería ilegal y la tala descontrolada, son factores clave. Sin embargo, Julia Lima, portavoz de FLD, asegura que la falta de protección estatal es el principal problema. Además, menciona el “desmantelamiento de la legislación ambiental” por parte de algunos gobiernos como un factor crítico. Estas políticas debilitan las leyes y exponen a activistas y comunidades.
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El problema ha empeorado en comparación con 2023. Ese año, según Global Witness (GW), fueron asesinadas 196 personas en el mundo. De ellas, 166 ocurrieron en países iberoamericanos. Este aumento refleja una escalada preocupante de violencia contra quienes defienden la naturaleza. Los activistas enfrentan amenazas, hostigamiento y asesinatos sin una respuesta efectiva de las autoridades. La impunidad sigue siendo un problema grave en la mayoría de estos casos.
Finalmente, urge tomar medidas para frenar esta crisis. La comunidad internacional debe presionar a los gobiernos latinoamericanos para garantizar la seguridad de los defensores ambientales. También es necesario fortalecer las leyes y crear mecanismos efectivos de protección. Sin acciones concretas, la región seguirá siendo un campo de batalla para quienes luchan por la justicia ambiental y los derechos humanos.
