El FBI ha pedido a las agencias policiales locales que envíen nombres de personas vinculadas a cárteles y pandillas para incluirlas en la lista de vigilancia terrorista del gobierno estadounidense. Este cambio podría aumentar significativamente el número de ciudadanos estadounidenses en la base de datos, según documentos obtenidos por Reuters. El 9 de mayo, la oficina envió un correo electrónico solicitando información sobre ocho grupos criminales designados como organizaciones terroristas extranjeras por el presidente Donald Trump. También pidieron datos sobre familiares y allegados de los miembros de estos grupos.
Por otro lado, esta decisión ha generado preocupación entre defensores de las libertades civiles. Hina Shamsi, de la ACLU, criticó el sistema por ser propenso a errores y carecer de transparencia. Según un informe de enero, la lista contenía alrededor de 1,1 millones de nombres, incluidos 6.000 ciudadanos estadounidenses. Además, el FBI agregó recientemente 300.000 registros de inmigración a la base de datos del Centro Nacional de Información Criminal. Expertos señalan que esta medida expandirá drásticamente el alcance de la vigilancia, afectando incluso a redes de narcotráfico dentro de EE.UU.
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Las autoridades argumentan que esta acción es necesaria para proteger la seguridad nacional. La Casa Blanca asegura que utilizará todas las herramientas legales disponibles para evitar actos violentos. Spencer Reynolds, exabogado del Departamento de Seguridad Nacional, señaló que aún no está claro si miembros de bajo nivel de pandillas serían etiquetados como terroristas. Grupos de derechos civiles han criticado el uso de pruebas como tatuajes o vestimenta para identificar afiliados. En 2019, un juez federal dictaminó que la lista violaba derechos constitucionales.
La polémica se intensifica mientras crecen las críticas al proceso. La Junta de Privacidad y Libertades Civiles emitió recomendaciones para mejorar la precisión de la lista, pero días después, tres de sus cuatro miembros fueron despedidos por la administración Trump. Organizaciones como Property of the People denuncian que estas medidas reflejan un descenso hacia prácticas autoritarias. Mientras tanto, el FBI justifica su solicitud como una “trampa eficaz” para prevenir crímenes. El debate sigue abierto sobre el equilibrio entre seguridad y derechos individuales.
