El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció la apertura de un segundo centro de detención migratoria en el norte del estado. El nuevo sitio estará ubicado en la Institución Correccional Baker, una prisión estatal cerca de Jacksonville. Según funcionarios, tendrá capacidad para 1300 personas, aunque podría ampliarse a 2000. DeSantis justificó esta medida afirmando que la administración Trump necesita más espacio para retener y deportar inmigrantes.
Por otro lado, este anuncio llega mientras un juez federal evalúa el futuro del primer centro de detención en los Everglades, conocido como “Alligator Alcatraz”. Las condiciones allí han sido criticadas duramente por abogados de derechos civiles. En documentos judiciales, describen tiendas de campaña inundadas, falta de atención médica adecuada y presiones indebidas sobre los detenidos. Los abogados aseguran que algunos presentan síntomas de COVID-19 sin aislamiento. Además, denuncian que no tienen acceso confidencial a representantes legales.
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Además, DeSantis destacó la economía y rapidez de adaptar la prisión preexistente. Estimó el costo total en 6 millones de dólares, mucho menos que los cientos de millones invertidos en el centro de los Everglades. Sin embargo, Kevin Guthrie, director de Gestión de Emergencias, advirtió que podrían surgir desafíos imprevistos debido al tiempo que la prisión estuvo inactiva. A pesar de esto, prometieron que los detenidos recibirán los mismos servicios que en el primer centro.
Grupos defensores de derechos humanos exigen mejoras urgentes en ambos centros. Buscan garantizar acceso a abogados y claridad sobre jurisdicciones legales para los detenidos. Este caso refleja la creciente tensión entre políticas migratorias estrictas y preocupaciones humanitarias. Mientras tanto, las críticas hacia DeSantis continúan aumentando, especialmente por las condiciones en “Alligator Alcatraz”.
