Guatemala concedió este miércoles estatus humanitario temporal a 161 ciudadanos mexicanos que huyeron de su país por la violencia del crimen organizado. Según el Instituto Guatemalteco de Migración, se trata de 39 familias, entre ellas 69 niños, provenientes del municipio de Frontera Comalapa, en Chiapas. Los desplazados fueron alojados en viviendas alquiladas, con familiares o en albergues de la ciudad fronteriza de La Mesilla.
Sin embargo, las autoridades mexicanas rechazaron que exista un desplazamiento forzado en esa zona. El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, aseguró en la red social X que los grupos que cruzaron a Guatemala tienen familiares procesados en México. Además, afirmó que el crimen organizado busca desacreditar la estrategia de seguridad aplicada en el estado, la cual —según él— ha brindado tranquilidad y paz social.
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No obstante, organizaciones locales han denunciado un incremento de la violencia en la región fronteriza. En julio del año pasado, casi 600 mexicanos huyeron por motivos similares hacia Guatemala. Expertos señalan que la disputa entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco por las rutas de contrabando en el sur de México ha generado enfrentamientos y desplazamientos constantes en comunidades rurales. En junio pasado, incluso se registró un tiroteo en territorio guatemalteco tras una persecución policial iniciada en Chiapas.
Este nuevo episodio refleja la creciente presión migratoria que la violencia impone en las comunidades fronterizas. Para Guatemala, la situación significa un desafío humanitario y de seguridad. Para México, representa un cuestionamiento a su narrativa oficial sobre el control de la violencia en Chiapas. Mientras tanto, las familias desplazadas enfrentan la incertidumbre de un futuro marcado por el miedo y la falta de garantías en sus lugares de origen.
