El presidente Donald Trump anunció la cancelación de 4.900 millones de dólares en fondos federales ya aprobados por el Congreso. La medida, conocida como “rescisión de bolsillo”, ha generado fuertes críticas al considerarse una violación de la Constitución, que otorga al Congreso el poder de gasto. Según la Casa Blanca, los recursos estaban destinados a programas internacionales vinculados a ayuda exterior, operaciones de paz de la ONU y promoción de la democracia.
Además, Trump envió una carta al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, en la que notificó su decisión. El director de presupuesto, Russell Vought, defendió la maniobra alegando que el presidente puede retener fondos durante 45 días. Este plazo cubriría hasta el cierre del año fiscal, el 30 de septiembre. No obstante, expertos señalan que la táctica no se aplicaba desde 1977 y que podría desencadenar una batalla judicial.
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Por otra parte, la oposición demócrata aseguró que el gobierno ya ha congelado más de 425.000 millones de dólares en fondos. El líder del Senado, Chuck Schumer, advirtió que Trump busca forzar un cierre del gobierno al ignorar leyes de gasto vigentes. Según Schumer, esta estrategia representa una amenaza para el funcionamiento institucional y pone en riesgo la estabilidad presupuestaria del país.
Sin embargo, varios legisladores republicanos respaldaron la decisión presidencial al considerarla una vía para reducir el gasto público. Aunque la senadora Susan Collins, presidenta del Comité de Asignaciones, calificó la acción como ilegal y exigió un enfoque bipartidista. La tensión entre la Casa Blanca y el Congreso aumenta, dejando en el aire la financiación de programas clave y anticipando una confrontación política de gran impacto.
