El gobierno de Donald Trump ha revocado más de 6,000 visas de estudiantes en un esfuerzo por aumentar la seguridad nacional. Según un funcionario del Departamento de Estado, estas cancelaciones obedecen a violaciones de la ley y excesos en la estadía permitida. Entre los motivos destacan delitos como agresión, conducción bajo influencia de alcohol o drogas, y robo. Además, unas 200 o 300 visas fueron anuladas por supuestos vínculos con actividades terroristas.
Por otro lado, las directivas del Departamento de Estado han intensificado los controles sobre solicitantes de visas. Los diplomáticos deben identificar posibles amenazas basadas en redes sociales y antecedentes políticos. Este enfoque forma parte de una estrategia migratoria más estricta. Funcionarios señalaron que quienes critican a Israel o apoyan causas palestinas pueden ser considerados una amenaza a la política exterior de EE.UU. Este enfoque ha generado polémica en universidades de élite, donde se acusa a Trump de atacar la libertad de expresión.
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Un caso emblemático es el de una estudiante turca de la Universidad Tufts. Fue detenida durante seis semanas tras escribir un artículo criticando la guerra en Gaza. Su liberación ocurrió solo después de una intervención judicial. Este episodio refleja cómo las críticas a Israel están siendo usadas como justificación para acciones legales. Los detractores de Trump aseguran que estas medidas vulneran la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.
Esta política ha tenido repercusiones internacionales. Trump enfrenta una batalla con universidades como Harvard, a las que acusa de antisemitismo. Como respuesta, algunos países europeos han aumentado becas para atraer investigadores afectados. Mientras tanto, el secretario de Estado, Marco Rubio, defendió estas acciones argumentando que protegen las prioridades de EE.UU. Sin embargo, los críticos ven en ellas un intento de silenciar voces disidentes.