Estados Unidos ha experimentado un marcado cambio en el ritmo de aplicación de la pena capital en 2025. Según cifras recopiladas por la agencia Associated Press, el país ha registrado 35 ejecuciones en lo que va de año, una cifra que ya supera el total anual de 2024. Este fenómeno ha cobrado especial notoriedad a lo largo de los últimos meses, concentrando la atención nacional por su volumen y el ritmo acelerado de las sentencias capitales, con un impacto directo en las personas condenadas, sus familias y el sistema penitenciario.
De acuerdo con el Death Penalty Information Center (DPIC), estos datos representan un punto de inflexión en las estadísticas recientes. El registro hasta el 26 de noviembre establece a 2025 como el año con más ejecuciones desde 2012, cuando se documentaron 43 casos. Este incremento repentino posiciona a la nación frente a una tendencia ascendente, revirtiendo el descenso que se había sostenido por décadas. Reportes de NBC Miami confirman que este repunte está impulsado casi exclusivamente por cuatro estados: Florida, Texas, Alabama y South Carolina, los cuales son responsables del 76% de las ejecuciones realizadas en el presente año.
El contexto actual se explica por una combinación de decisiones políticas locales, cambios legislativos estatales y directrices emanadas de los gobiernos estatales. La Associated Press detalla que la práctica de la pena de muerte en 2025 depende en gran medida de las políticas aplicadas por los gobernadores y de su interacción con los tribunales federales, lo que explica la concentración del aumento en jurisdicciones específicas, mayoritariamente controladas por el Partido Republicano.
La cantidad de 35 ejecuciones en 2025 representa un salto considerable respecto a los dos años anteriores, siendo 10 más que el total de 2024. El récord moderno de ejecuciones se mantiene en 98 casos, registrados en 1999, según datos históricos del DPIC. Este centro de análisis institucional había señalado que el promedio anual venía en descenso desde el cambio de siglo, debido a factores como moratorias estatales y menor aplicación de la pena. Este año, por lo tanto, marca una excepción notable a esa tendencia sostenida.
El aumento es altamente focalizado. Florida destaca por encima del resto, registrando 13 ejecuciones, lo que constituye un récord absoluto local desde el restablecimiento nacional de la pena capital en 1976. El gobernador Ron DeSantis es señalado como el principal impulsor de esta aceleración, pues ninguna administración anterior en el estado había programado tal cantidad de casos en un solo ejercicio. Texas, Alabama y South Carolina también presentan incrementos porcentuales significativos dentro de sus respectivas jurisdicciones. Se prevén siete ejecuciones adicionales antes de fin de año, incluyendo dos fechas pendientes en Florida y casos singulares en Misuri, Misisipi, Alabama y Tennessee.
Hasta 2025, la inyección letal sigue siendo el principal método de ejecución aplicado en los estados con pena capital vigente, según confirman NBC Miami y Associated Press. No obstante, la legislación estatal permite alternativas. Alabama autorizó recientemente el uso de gas nitrógeno, lo que se ejemplifica con el caso de Anthony Todd Boyd, marcando una excepción metodológica. Otros métodos vigentes en distintas regiones incluyen la silla eléctrica y el fusilamiento.
El marco legal para la pena capital se basa en la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos de 1976, que facultó a los estados a legislar sobre la materia. La programación de ejecuciones en la actualidad depende de la autonomía del gobernador y de resoluciones judiciales concurrentes. El caso de Robert Roberson en Texas evidencia la complejidad de los mecanismos de revisión, ya que su proceso fue suspendido ante la solicitud de nuevos análisis médicos.
Robin Maher, directora ejecutiva del DPIC, expresó la preocupación de la organización por una “falta de transparencia” en la manera en que se programan las ejecuciones. Maher sostuvo que el gobernador DeSantis está programando todas estas ejecuciones con “completa autonomía y total secretismo”. La oficina del gobernador no ha respondido a las solicitudes de clarificación sobre este cambio de tendencia. Los organismos de derechos humanos mantienen la vigilancia sobre los procesos, mientras que el debate público sobre la pena de muerte y su rol preventivo sigue activo ante el inusual incremento registrado este año.
