El Departamento de Vehículos Motorizados de Texas (DMV) está implementando requisitos de identificación con fotografía más estrictos para todos los registros y renovaciones de vehículos. Este cambio abrupto podría impedir que un gran número de residentes indocumentados puedan poseer vehículos legalmente en el estado.
La nueva política del DMV exige ahora que se presente una identificación con fotografía vigente, como una licencia de conducir estatal o un pasaporte, al realizar nuevos registros o renovaciones de vehículos. El DMV notificó a las oficinas de impuestos de los condados el 18 de noviembre, y el requisito entró en vigor de manera inmediata. La lista de identificaciones aprobadas incluye licencias de conducir de Texas, pasaportes estadounidenses no vencidos, licencias para portar armas de Texas, e identificaciones emitidas por el ejército de EE. UU., el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y el Departamento de Estado.
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Se estima que aproximadamente 1.7 millones de inmigrantes indocumentados residen en Texas. El representante republicano Brian Harrison (Midlothian) fue un crítico abierto de la política anterior y presionó al DMV para implementar estas restricciones, manifestando que espera que la nueva normativa impida que los inmigrantes indocumentados registren vehículos. Harrison había alegado que la presencia de estos inmigrantes había provocado un aumento en las primas de seguros y había incrementado el riesgo en las carreteras.
Defensores de los inmigrantes han advertido que la política afectará severamente a individuos y familias que dependen de los automóviles para trabajar y realizar tareas cotidianas en un estado fuertemente dependiente del transporte vehicular. Abogados y representantes comunitarios señalaron que la medida no solo obstaculizará la supervivencia de las familias sin estatus legal, sino que también podría perjudicar a todos los tejanos al aumentar la cantidad de vehículos sin registrar ni asegurar en las carreteras, creando desafíos económicos y de seguridad pública. Además, este cambio afectará a otros grupos con estatus migratorio complejo, como solicitantes de asilo o beneficiarios de DACA caducado, muchos de los cuales tienen autorización de trabajo federal y pagan impuestos en el país.
Este artículo apareció originalmente en The Texas Tribune.


































