La Casa Blanca anunció la actualización y extensión de las limitaciones migratorias, enfocándose en jurisdicciones con altos índices de permanencia irregular, riesgos de terrorismo y falta de cooperación gubernamental.
La proclamación ratifica la suspensión total de entrada y emisión de visados para nacionales de doce países definidos como de “alto riesgo”, entre los que se encuentran Afganistán, Irán, Libia, Somalia, Siria y Yemen, y añade restricciones absolutas a Burkina Faso, Mali, Níger y Sudán del Sur.
Un punto clave de la nueva normativa es la afectación a personas con documentos emitidos por la Autoridad Palestina. Washington ha manifestado preocupación por la imposibilidad de realizar verificaciones de identidad confiables en territorios con control limitado o en zonas de conflicto.
Adicionalmente, las restricciones completas se extienden a Laos y Sierra Leona. En el plano parcial, quince países más de África y Oceanía —incluyendo Angola, Benín, Gabón, Tanzania, Tonga, Zambia y Zimbabue— enfrentan ahora límites en el acceso a ciertos visados no inmigrantes (turismo, estudios y negocios). Las restricciones parciales continúan vigentes para ciudadanos de Burundi, Cuba, Togo y Venezuela.
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El presidente Trump justificó la medida afirmando que las restricciones son necesarias para “impedir el ingreso de personas sobre las que Estados Unidos carece de información suficiente para evaluar los riesgos que suponen” y para proteger al país de amenazas a la seguridad y el orden público.
El Departamento de Seguridad Nacional citó en la proclamación tasas elevadas de sobreestadía de ciudadanos de varios países, junto con la negativa de algunos gobiernos extranjeros a aceptar la repatriación de sus ciudadanos sujetos a deportación, lo que “genera una carga adicional para los recursos de control”.
La Casa Blanca destacó que la medida busca impulsar a los países afectados a mejorar sus procesos internos de control migratorio y documentación, así como su intercambio de datos con las autoridades estadounidenses.
La proclamación mantiene exenciones puntuales para residentes legales, titulares de visas ya emitidas, diplomáticos y casos de interés nacional, pero ajusta la cobertura de visas familiares para limitar lo que describe como “riesgos demostrados de fraude”.
Los Departamentos de Estado y de Seguridad Nacional revisarán periódicamente los compromisos de cada país para actualizar el alcance y la vigencia de las limitaciones.
