En una decisión de última hora, un juez federal ha frenado la implementación de la Ley del Senado 2420 (SB 2420), la cual estaba programada para entrar en vigor el próximo 1 de enero. Esta ley pretendía obligar a las tiendas de aplicaciones a verificar la edad de sus usuarios y exigir el consentimiento explícito de los padres antes de que un menor pudiera descargar software o realizar transacciones digitales. Aunque sus defensores argumentan que es una herramienta vital para la seguridad infantil, los críticos aseguran que la medida impone una carga excesiva a la privacidad y al acceso a la información.
El juez de distrito de los EE. UU., Robert Pitman, dictaminó a favor de los demandantes al considerar que partes fundamentales de la ley son “inconstitucionalmente vagas” y “excesivamente amplias”. En su fallo de 20 páginas, Pitman utilizó una analogía contundente para ilustrar su decisión, comparando la ley con una normativa que obligara a todas las librerías a verificar la identidad de cada cliente en la puerta y exigir permiso paterno cada vez que un joven intente entrar o comprar un libro.
Según el magistrado, existe una alta probabilidad de que la SB 2420 viole la Primera Enmienda, ya que restringe el acceso de los jóvenes a vastas bibliotecas de conocimiento humano y expresión digital. Esta perspectiva fue celebrada por la Asociación de Industrias de Computación y Comunicación (CCIA), la cual presentó la demanda inicial en octubre, argumentando que la ley interfiere con el derecho inalienable de los padres a juzgar por sí mismos qué herramientas de seguridad utilizar sin la intervención invasiva del estado.
A pesar del revés judicial, la senadora estatal Angela Paxton, autora de la iniciativa, expresó su confianza en que la ley prevalecerá en futuras instancias. Paxton afirmó que el proyecto fue diseñado con “sentido común” para equipar a las familias con herramientas de protección frente a los peligros de los espacios en línea. Por su parte, el gobernador Greg Abbott, quien firmó la propuesta en mayo pasado, ha mantenido la seguridad digital de los niños como una de sus prioridades legislativas más importantes.
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Este enfrentamiento legal es parte de una tendencia más amplia en Texas para regular el contenido en internet:
- HB 1181 (2023): Una ley que exige verificación de edad para sitios con contenido para adultos, la cual fue validada por la Corte Suprema.
- HB 18 (2023): Otra normativa que restringe la publicidad y el contenido que los menores ven en redes sociales, la cual también ha enfrentado bloqueos parciales en los tribunales.
Organizaciones lideradas por jóvenes, como Students Engaged in Advancing Texas (SEAT), también se unieron al desafío legal, señalando que prohibir el acceso a aplicaciones educativas o informativas sin consentimiento previo del gobierno no es una forma constitucionalmente permisible de apoyar a las familias. Por ahora, el bloqueo temporal impide que las tiendas de aplicaciones tengan que modificar sus sistemas para el primer día del nuevo año, mientras el caso continúa su curso en las cortes de apelaciones.
