El cierre de 2025 marca un punto crítico en la estrategia de seguridad nacional con la intensificación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. En una serie de operativos coordinados, fuerzas federales y estatales han logrado penetrar en las zonas más vulnerables de la entidad, específicamente en aquellas regiones donde el aguacate y el limón no solo representan el motor económico local, sino también el objetivo principal de redes de extorsión. Los despliegues más recientes, realizados en diez municipios clave como Uruapan, Apatzingán y Lázaro Cárdenas, han resultado en la detención de nueve personas y el aseguramiento de un importante arsenal que incluye armas de fuego, cientos de cartuchos y vehículos utilizados por la delincuencia organizada.
Lo que distingue a esta fase del plan es su enfoque en la proximidad social y la protección directa de la cadena productiva. Los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Fiscalía del Estado no solo patrullan las carreteras, sino que realizan reconocimientos a pie dentro de las huertas y visitas estratégicas a empacadoras e industrias cítricas. El objetivo es claro: devolver la tranquilidad a los trabajadores, productores y transportistas que durante años han lidiado con la presencia de grupos criminales en zonas como Buenavista Tomatlán y Chinicuila.
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Al observar el panorama general, las cifras acumuladas desde noviembre revelan la magnitud del esfuerzo institucional. En poco menos de dos meses, las autoridades han logrado la captura de 287 personas y el decomiso de más de 766 kilogramos de metanfetamina, junto con una cantidad alarmante de explosivos caseros y sustancias químicas destinadas a la elaboración de drogas sintéticas. Además, la inhabilitación de 18 campamentos clandestinos y el sellado de 43 tomas de combustible demuestran que la ofensiva busca desmantelar la infraestructura logística del crimen organizado en su totalidad.
Más allá de las incautaciones y las detenciones, este operativo representa un compromiso permanente por estabilizar sectores que son vitales para el desarrollo de Michoacán. La autoridad ha subrayado que la presencia territorial seguirá fortaleciéndose, asegurando que el desarrollo económico no sea rehén de la violencia. Mientras el estado se encamina hacia el 2026, la mirada permanece fija en consolidar estos avances para garantizar que la justicia y la paz dejen de ser un objetivo lejano y se conviertan en la realidad cotidiana de sus comunidades.
