Aimee Bock, de 45 años y exdirectora de la organización sin fines de lucro Feeding Our Future, continúa defendiendo su inocencia mientras espera la lectura de su sentencia tras ser hallada culpable en marzo pasado. El caso, calificado por el Departamento de Justicia como el mayor esquema de fraude de alivio pandémico en la historia de Estados Unidos, involucra el desvío de 250 millones de dólares en fondos federales que originalmente estaban destinados a alimentar a niños de escasos recursos en Minnesota. Bock, señalada por la fiscalía como la figura central de esta red, sostiene que su condena es injusta y que ella misma intentó detener los reclamos fraudulentos antes de que el escándalo estallara a nivel federal.
En una entrevista exclusiva con CBS News, Bock relató que escuchar el veredicto de culpabilidad fue “desgarrador” y negó rotundamente haber diseñado el sistema de facturación falsa. A pesar de que los fiscales presentaron pruebas de que ella firmó cada uno de los reclamos fraudulentos enviados al estado de Minnesota, Bock asegura que rechazó decenas de millones de dólares en solicitudes que consideró sospechosas. Durante la pandemia, Bock llegó incluso a demandar al Departamento de Educación de Minnesota, alegando que el rechazo de ciertos proveedores de alimentos por parte del estado tenía motivos raciales, una táctica que la fiscalía interpreta ahora como un intento de forzar el flujo de dinero ilegal hacia la red de cómplices.
El caso ha tenido un impacto profundo en la demografía local, ya que la gran mayoría de los 78 acusados son de origen somalí o del este de África, siendo Bock una de las pocas personas blancas implicadas. Hasta la fecha, más de 60 de estos acusados ya han sido condenados o se han declarado culpables de participar en la creación de listas de niños inexistentes y facturas de comidas que nunca se entregaron. Bock ha sugerido que la comunidad somalí fue puesta bajo un escrutinio injusto y que ella está siendo utilizada como un “chivo expiatorio” para cubrir las supuestas fallas de supervisión de los funcionarios estatales, a quienes acusa de no monitorear adecuadamente a los proveedores a pesar de las visitas de figuras políticas como la representante Ilhan Omar a los sitios de distribución.
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La fiscalía federal, por su parte, mantiene que Bock supervisó una operación donde se compraron propiedades de lujo, vehículos de alta gama y viajes internacionales con el dinero que debía destinarse a combatir el hambre infantil. El esquema operaba bajo la premisa de que los centros de distribución alimentaban a miles de niños diariamente, cifras que resultaron ser físicamente imposibles para los locales registrados. Durante el juicio, se demostró que muchos de los sitios de comida eran simplemente direcciones vacías o negocios pequeños que no tenían la capacidad logística para manejar el volumen de alimentos reportado en las facturas que Bock avalaba oficialmente.
Con la sentencia final en el horizonte, el caso de Feeding Our Future sigue siendo un punto de referencia sobre los riesgos de la falta de supervisión en programas de emergencia. Bock insiste en que ella confió en el estado para la aprobación de los sitios y que su labor fue únicamente administrativa, sin conocimiento del fraude masivo que ocurría bajo su supervisión. Sin embargo, el sistema judicial ha sido contundente en su veredicto, y se espera que las penas impuestas sirvan como un mensaje disuasorio para evitar la explotación de fondos públicos en futuras crisis nacionales. La comunidad de Minnesota permanece atenta a la resolución final de este proceso que ha dejado una marca indeleble en la gestión de organizaciones sin fines de lucro.
