La representante republicana Anna Paulina Luna elevó la temperatura política en Washington este viernes al lanzar un ultimátum al Senado: o se programa una votación para la Ley SAVE (Safeguard American Voter Eligibility Act) o ella y un grupo de legisladores aliados cerrarán el flujo de trabajo en la Cámara de Representantes. A través de una publicación en la plataforma X, Luna afirmó contar con los votos suficientes de otros miembros del Freedom Caucus para detener cualquier actividad en el pleno una vez que el Congreso regrese de su receso a principios de febrero.
La Ley SAVE busca reformar el sistema de registro electoral federal al prohibir que los estados procesen solicitudes de votantes sin que estos presenten una prueba documental de ciudadanía estadounidense, como un pasaporte o un acta de nacimiento. Aunque el proyecto ya fue aprobado por la Cámara de Representantes en abril de 2025, permanece estancado en el Senado bajo el control de la mayoría demócrata, que argumenta que la medida es innecesaria y podría privar del derecho al voto a millones de ciudadanos que no tienen acceso fácil a dichos documentos.
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La postura de Luna cuenta con el respaldo explícito del presidente Donald Trump, quien recientemente sugirió renombrar la legislación como la “Ley Save America” y la calificó como una prioridad absoluta antes de los comicios de mitad de período de 2026. Luna criticó duramente a sus colegas republicanos que, según ella, prefieren centrarse en proyectos de ley de “mensajes” para sus campañas de reelección en lugar de abordar lo que ella considera el problema más importante para el futuro de la nación: la integridad electoral.
Si la amenaza se materializa, el Speaker de la Cámara, Mike Johnson, enfrentaría un nuevo desafío para mantener la gobernabilidad en una cámara con una mayoría republicana extremadamente ajustada. La parálisis podría afectar la aprobación de presupuestos clave y otras medidas legislativas urgentes previstas para el primer trimestre de 2026. Por su parte, el liderazgo demócrata en el Senado, encabezado por John Thune, no ha dado señales de ceder ante las demandas, calificando la táctica de Luna como un intento de “chantaje legislativo” que solo perjudica el funcionamiento del gobierno.
