Un ciudadano guatemalteco de 23 años, identificado como Edwin Alfredo Barrientos-Mateo y conocido en el mundo delictivo bajo el alias de “Waches”, fue condenado hoy a 30 años de prisión en una cárcel federal. La sentencia, dictada en un tribunal de Del Rio, Texas, responde a su participación directa en una operación de tráfico humano y conspiración para la toma de rehenes. El caso estremeció a la opinión pública debido a que las víctimas, incluyendo a una mujer embarazada y su hijo de apenas 7 años, fueron sometidas a condiciones de cautiverio mientras se exigía un rescate financiero para su liberación.
La investigación que llevó a su captura se inició tras un reporte de emergencia recibido por el Eagle Pass Police Department. Según los fiscales del Departamento de Justicia, una organización criminal de contrabando de personas estaba exigiendo el pago de 21,000 dólares a cambio de liberar a una familia compuesta por un hombre, su esposa embarazada y su pequeño hijo. Tras labores de inteligencia coordinadas entre múltiples agencias, las autoridades lograron rastrear la ubicación de las víctimas hasta un complejo de apartamentos en la ciudad de Austin, donde Barrientos-Mateo y su cómplice, Nelson Abilio Castro-Zelaya, mantenían a las personas privadas de su libertad bajo amenazas constantes.
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Durante el operativo de rescate en el departamento de Austin, los agentes federales encontraron un total de nueve personas retenidas en condiciones precarias como parte de este esquema de contrabando. Barrientos-Mateo se había declarado culpable en noviembre de 2024 del cargo de conspiración para cometer toma de rehenes, un delito federal grave que conlleva penas severas. El U.S. Attorney Justin R. Simmons para el Western District of Texas enfatizó tras la sentencia que estas organizaciones criminales ven a los seres humanos simplemente como signos de dólar, sin importarles el bienestar físico o emocional de las víctimas que confían sus vidas a estos traficantes.
La condena de “Waches” es parte de una ofensiva legal más amplia denominada “Operation Take Back America”, una iniciativa nacional del Departamento de Justicia diseñada para combatir la explotación de migrantes y el crimen organizado transnacional. En noviembre de 2025, su principal cómplice, Castro-Zelaya, ya había sido sentenciado a 15 años de prisión, mientras que otros coacusados involucrados en la logística de transporte y vigilancia de las casas de seguridad están a la espera de sus respectivas condenas. La jueza federal de distrito Alia Moses presidió el caso, subrayando que la sentencia de tres décadas refleja la gravedad de utilizar el secuestro y la extorsión como herramientas de lucro.
Este caso resalta la peligrosa evolución de las redes de contrabando hacia tácticas de secuestro y extorsión violenta. Las autoridades instan a la población a reportar cualquier actividad sospechosa relacionada con casas de seguridad en zonas residenciales, ya que estos centros de cautiverio a menudo pasan desapercibidos en comunidades urbanas densas. Con la sentencia de Barrientos-Mateo, el gobierno federal busca enviar un mensaje disuasorio contundente a las estructuras criminales que operan a lo largo del corredor de la Interestatal 35 y otras rutas clave de transporte de migrantes en el estado de Texas.