La mañana de este miércoles, agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) llevaron a cabo un operativo en las instalaciones de la oficina electoral del condado de Fulton, Georgia. Según declaraciones de la secretaria del tribunal del condado, Che Alexander, los agentes federales se encuentran incautando cajas de boletas electorales de los comicios de 2020 que permanecían almacenadas en un almacén bajo custodia local.
Contexto del operativo Esta acción es la última de una serie de movimientos legales y políticos que han vuelto a poner el foco en Georgia:
- Liderazgo del FBI: Bajo la dirección de Kash Patel, la agencia ha intensificado las investigaciones sobre las supuestas irregularidades en las elecciones de 2020, alineándose con las quejas del presidente Donald Trump sobre un presunto fraude, a pesar de que múltiples auditorías y sentencias judiciales previas no encontraron pruebas de ello.
- Demanda del Departamento de Justicia (DOJ): En diciembre de 2025, la División de Derechos Humanos del DOJ demandó a Fulton County para obtener acceso a los registros de 2020, argumentando la necesidad de asegurar el cumplimiento de las leyes federales de transparencia.
- Caso Fani Willis: El operativo ocurre apenas meses después de que el caso de interferencia electoral contra Trump en Georgia fuera desestimado en noviembre de 2025, tras la descalificación de la fiscal de distrito Fani Willis por “apariencia de improcedencia”.
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Situación actual de Trump El expresidente Donald Trump solicitó este mes que el condado de Fulton le reembolse más de $6.2 millones en honorarios legales derivados de su defensa en el caso ya desestimado. Trump ha reiterado recientemente en redes sociales y foros internacionales que “pronto” habrá procesamientos contra personas involucradas en lo que él denomina el “robo” de la elección de 2020.
Por su parte, el Secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, ha defendido consistentemente la integridad de los resultados de 2020, calificando las anomalías reportadas por el condado de Fulton como “errores administrativos” que no alteraron el conteo de votos legales.


































