Un informe reciente del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado ha sacado a la luz un caso de vigilancia prolongada contra Christine Crowder, una maestra de escuela católica de Texas y esposa de un mariscal del aire estadounidense. Según los documentos revelados hoy, 7 de enero de 2026, el FBI mantuvo bajo investigación a Crowder durante 23 meses basándose únicamente en una pista no verificada proporcionada por un antiguo amigo que afirmaba falsamente que ella había ingresado ilegalmente al Capitolio durante los disturbios de 2021. Aunque la docente se encontraba en Washington D. C. para asistir a un mitin político, las autoridades confirmaron finalmente que nunca participó en los actos violentos y que se encontraba en una ubicación distinta en el momento de los hechos.
La vigilancia contra la ciudadana incluyó medidas intrusivas como el monitoreo de su domicilio, la obtención de órdenes judiciales para registrar su cuenta de Facebook y su inclusión en una lista de vigilancia de viajes que restringió su movilidad. Todo esto ocurrió a pesar de que las herramientas tecnológicas del FBI, incluyendo el reconocimiento facial y los datos de geolocalización, no lograron encontrar ninguna prueba que corroborara la denuncia inicial. La investigación se mantuvo abierta desde junio de 2021 hasta junio de 2023, periodo durante el cual Crowder fue tratada como una amenaza potencial bajo un sistema que el senador Rand Paul ha calificado como una preocupante instrumentalización de las agencias federales contra personas inocentes por meras sospechas.
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Este caso fue descubierto durante una auditoría más amplia del programa Quiet Skies del Departamento de Seguridad Nacional, una iniciativa de vigilancia que ha sido duramente criticada por su falta de resultados en la prevención de ataques terroristas y por su elevado costo de 200 millones de dólares anuales. La actual secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha ordenado la cancelación definitiva de dicho programa tras concluir que era utilizado para rastrear a ciudadanos por motivos políticos. El cierre de estos registros y la entrega de la información al Senado contaron con la colaboración del director del FBI, Kash Patel, subrayando la intención de las autoridades actuales de reformar los procesos de vigilancia y proteger los derechos constitucionales de la población frente a la burocracia estatal.
