La Administración de Servicios Generales (GSA), la agencia responsable de gestionar las propiedades y contratos del gobierno federal, reveló este martes que ha logrado ahorrar a los contribuyentes un total de $60,000 millones durante el primer año del segundo mandato del presidente Trump. El administrador de la GSA, Ed Forst, atribuyó este éxito a un enfoque de “dimensionamiento correcto” del portafolio inmobiliario y a un uso más agresivo del poder de compra del gobierno de los Estados Unidos para obtener mejores precios en las adquisiciones. Según Forst, estas medidas son una respuesta directa a las órdenes ejecutivas destinadas a reducir la ineficiencia y el desperdicio burocrático.
Uno de los pilares de este ahorro ha sido la consolidación de los bienes raíces federales. En el último año, la GSA se deshizo de 90 propiedades, reduciendo el portafolio gubernamental en 3 millones de pies cuadrados. Esta acción no solo generó $182 millones en ingresos directos por ventas, sino que evitó gastos futuros por $415 millones en reparaciones de capital y costos operativos. Además, la renegociación de contratos de arrendamiento y la reducción del espacio alquilado a terceros sumaron otros $730 millones en ahorros. La agencia ya ha identificado 45 propiedades adicionales subutilizadas que, de venderse, podrían representar un alivio fiscal de $3,000 millones más.
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En el ámbito de las adquisiciones, la GSA lideró una reforma integral del Reglamento de Adquisiciones Federales (FAR) junto con el Departamento de Defensa, la NASA y la OMB. Este esfuerzo resultó en una simplificación sin precedentes del marco regulatorio, eliminando 484 páginas y 230,000 palabras de normas que antes dificultaban la participación de proveedores y encarecían los procesos. Esta “limpieza burocrática” busca que el gobierno opere con la agilidad de una empresa privada, eliminando capas de supervisión innecesaria que, según la administración, solo servían para inflar los presupuestos de los proyectos.
Finalmente, la GSA canceló más de $500 millones en contratos considerados “innecesarios o de bajo rendimiento” y redujo la flota de vehículos federales en más de 1,000 unidades. Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para desmantelar lo que el presidente Trump ha denominado el “estado administrativo profundo”. Con estas reformas, la administración busca demostrar que una gestión centralizada y estricta de los recursos públicos puede generar excedentes significativos, los cuales, según portavoces de la Casa Blanca, podrían ser redirigidos hacia el desarrollo de infraestructura crítica o la reducción del déficit nacional.
