Funcionarios de Immigration and Customs Enforcement defendieron este miércoles las tácticas empleadas durante un operativo de detención en la ciudad de Kyle, Texas, realizado la semana pasada. Según el comunicado oficial de la agencia, los agentes se vieron obligados a utilizar la “cantidad mínima de fuerza necesaria” después de que el sospechoso se tornara combativo y opusiera una resistencia física activa. El incidente ha generado un intenso debate en la comunidad local sobre los límites del poder federal y el trato a los inmigrantes indocumentados en zonas residenciales de Central Texas.
El individuo fue identificado por las autoridades federales como Luis Ernesto Fuentes-Martínez, un ciudadano originario de El Salvador con estatus migratorio irregular. ICE detalló que el pasado 15 de enero, durante un intento de arresto programado, Fuentes-Martínez intentó evadir a los oficiales, lo que derivó en una confrontación física. Ante la negativa del sujeto a colaborar, los agentes desplegaron un taser para inmovilizarlo y proceder con su custodia. Tras el altercado, se solicitó asistencia médica de emergencia para evaluar las lesiones sufridas por el detenido durante su intento de fuga.
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La respuesta de ICE surge tras las severas críticas del juez de Hays County, Rubén Becerra, quien denunció públicamente que el hombre había sido “golpeado” por agentes que, a su juicio, carecen del entrenamiento adecuado para manejar situaciones de tensión en entornos civiles. Becerra expresó su preocupación por la seguridad de los residentes y cuestionó la falta de transparencia en los protocolos federales. Fuentes-Martínez fue trasladado inicialmente a un hospital local para una evaluación médica completa, pero ya ha sido dado de alta y permanece bajo custodia federal a la espera de ser deportado a su país de origen.
La tensión escaló el pasado fin de semana cuando aproximadamente 200 manifestantes, convocados por la organización activista Mano Amiga, se reunieron frente al Kyle City Hall. Los participantes exigieron el cese inmediato de las operaciones de ICE en la ciudad y presionaron a la oficina del Sheriff para que rechace formalmente cualquier convenio bajo el programa 287(g), el cual permite la colaboración directa entre la policía local y las autoridades migratorias. Los manifestantes sostienen que estas acciones federales fracturan la confianza de la comunidad en las instituciones locales y ponen en riesgo a familias trabajadoras.
En su defensa, ICE advirtió que resistirse a un arresto constituye un delito federal grave que pone en peligro tanto a los oficiales como al público general. La agencia hizo un llamado a los “políticos de ciudades santuario” para que dejen de alentar comportamientos que interfieran con la aplicación de la ley. Por su parte, la alcaldesa de Kyle, Yvonne Flores-Cale, reiteró que el gobierno municipal no fue notificado con antelación sobre el operativo, subrayando que su administración busca equilibrar la protección de todos los residentes con el cumplimiento estricto de los marcos legales vigentes.
