El primer año del segundo mandato del presidente Trump ha estado marcado por un desmantelamiento agresivo de las protecciones ambientales federales. El administrador de la EPA, Lee Zeldin, anunció recientemente un paquete de 31 acciones desregulatorias, un movimiento que grupos de defensa temen que resulte en mayor contaminación y riesgos para la salud en las comunidades urbanas e industriales de Texas. Al reducir el personal de la agencia y congelar becas de investigación, el gobierno federal ha enviado una señal clara de que la prioridad es la producción energética sobre la vigilancia climática, una postura que resuena profundamente en un estado que históricamente ha evitado imponer sus propias regulaciones estrictas.
Uno de los cambios más significativos afecta al metano, un potente gas de efecto invernadero cuya principal fuente en EE. UU. es el sector energético, especialmente en Texas. Aunque la administración Biden había finalizado reglas para obligar a las empresas a detectar fugas y eliminar la quema rutinaria de gas (flaring), la nueva dirección de la EPA ha extendido el plazo de implementación hasta enero de 2027. Este aplazamiento de 18 meses significa que Texas, que aún no ha desarrollado un plan estatal de captura de emisiones, continuará operando bajo estándares menos rigurosos en comparación con vecinos como Nuevo México, donde las regulaciones estatales ya han logrado reducir las emisiones de metano a la mitad.
Esta falta de acción federal deja a las comunidades fronterizas de la Cuenca Pérmica en una situación de vulnerabilidad, ya que el metano suele liberarse junto con compuestos orgánicos volátiles que degradan la calidad del aire local. Organizaciones como el Sierra Club advierten que, sin un marco federal sólido, Texas carece de incentivos para modernizar su infraestructura energética envejecida, lo que perpetúa un ciclo de emisiones descontroladas que afectan no solo el clima global, sino la salud respiratoria de miles de familias texanas que viven a la sombra de los pozos de extracción.
El retroceso también afecta los estándares de hollín o material particulado (PM 2.5), considerado una de las formas más letales de contaminación del aire. Mientras que el gobierno anterior había bajado el límite anual de 12 a 9 microgramos por metro cúbico para reducir muertes prematuras y asma, la EPA de Trump ha solicitado a los tribunales anular este estándar. En Texas, condados como Harris, Dallas y Tarrant estaban en proceso de ser designados como “zonas de incumplimiento”, lo que les habría obligado legalmente a limpiar su aire; sin embargo, este proceso se ha estancado, permitiendo que las áreas metropolitanas mantengan niveles de contaminación que antes se consideraban inaceptables para la salud pública.
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La decisión de la EPA de dejar de cuantificar los beneficios económicos de las vidas salvadas representa un cambio de paradigma en la evaluación de riesgos. Al ignorar los ahorros en costos hospitalarios y ausentismo laboral que genera un aire más limpio, la agencia facilita la aprobación de permisos para nuevas plantas de carbón y refinerías que, bajo métricas anteriores, habrían sido consideradas inviables por su alto costo social. Esta política de “solo costos industriales” ignora décadas de evidencia científica que vincula la exposición prolongada al hollín con enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas, dejando a los ciudadanos con menos herramientas legales para exigir aire puro.
Finalmente, la administración ha propuesto eliminar programas de transparencia fundamentales, como el Programa de Reporte de Gases de Efecto Invernadero. Expertos advierten que esta falta de datos no solo afecta al planeta, sino que podría dañar la competitividad de la industria texana a largo plazo. Al no poder certificar qué tan “limpio” es su gas natural, los productores de Texas podrían enfrentar dificultades para vender su producto en mercados internacionales que exigen estándares climáticos rigurosos. Además, la eliminación de secciones sobre justicia ambiental en los sitios web oficiales dificulta que las comunidades desfavorecidas identifiquen los riesgos tóxicos en sus propios vecindarios, erosionando el principio fundacional de que la agencia debe proteger a todos los ciudadanos por igual.
