Los congresistas Joaquín Castro y Jasmine Crockett encabezaron este miércoles un llamado urgente para la liberación inmediata de Liam Conejo Ramos y su padre, Adrián Conejo Arias. El menor, cuya imagen con una mochila de Spider-Man al ser detenido se volvió viral, se encuentra actualmente en el Centro Residencial Familiar del Sur de Texas, en Dilley, tras ser trasladado desde Minnesota. Según el congresista Castro, la familia ingresó legalmente al país mediante la aplicación CBP One durante la administración anterior, pero fueron arrestados la semana pasada en medio de los operativos intensificados del actual gobierno.
Durante su visita al centro, los legisladores informaron haber encontrado a decenas de familias, incluyendo bebés de apenas dos meses, que llevan hasta ocho meses bajo custodia sin recibir educación ni atención adecuada. Los testimonios indican que el pequeño Liam presenta signos de depresión severa y falta de apetito. La congresista Crockett, abogada penalista, enfatizó que ninguno de los detenidos en Dilley enfrenta cargos criminales, ya que la infracción migratoria es un asunto civil, y calificó el trato recibido como peor que el de convictos por delitos graves.
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La situación fuera del centro de detención también escaló durante la jornada. Cientos de líderes religiosos, activistas y residentes marcharon hacia las instalaciones exigiendo el cierre del recinto, el único en la nación autorizado para retener familias. La protesta fue dispersada por agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), quienes utilizaron granadas de gas pimienta y proyectiles no letales después de que, según el reporte oficial, unos 150 manifestantes intentaran traspasar las barreras de seguridad. El incidente resultó en dos arrestos y varias personas atendidas por servicios médicos.
Este escrutinio ocurre en un contexto de cifras alarmantes: desde el inicio del nuevo mandato, las muertes de inmigrantes bajo custodia de ICE han alcanzado récords históricos. Solo en Texas, donde se concentra la mayor cantidad de centros de detención del país, se han reportado cuatro muertes en los últimos dos meses, incluyendo un caso calificado como homicidio en El Paso. Organizaciones como Human Rights First denuncian que la administración está violando el Acuerdo Flores, que limita la detención de menores a un máximo de 20 días, mientras se reportan condiciones insalubres y privación de sueño para las familias detenidas.
